La revisión de licencias origina la primera fricción entre Muñoz y la Junta

El criterio a seguir para corregir el cúmulo de irregularidades urbanísticas cometidas en Marbella por los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) ha originado las

primeras discrepancias entre el nuevo gobierno municipal presidido por Ángeles Muñoz (PP) y la Junta de Andalucía.

El pleno municipal acordó el pasado martes días 31 con los votos del PP que el Ayuntamiento ya no revisará más licencias de obras contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) concedidas por sus antecesores. La Consejería de Obras Públicas cuestionó ayer la decisión y recordó al Ayuntamiento de Marbella que tiene la obligación legal de revisar todas las licencias ilegales.

La Junta pidió a la comisión gestora que dirigió el Ayuntamiento de Marbella entre mayo de 2006 y junio de 2007 que revisara 561 licencias de obras contrarias al PGOU que no se habían impugnado en los tribunales. En ese año, la gestora inició los expedientes de revocación de 170 permisos.

La concejal de Urbanismo, Alba Echevarría, explicó en el pleno del martes que la revisión de licencias puede acarrear consecuencias negativas para el Ayuntamiento, porque podrían dar lugar a reclamaciones patrimoniales y alegó además que la mayoría de las edificaciones construidas con licencia contraria al PGOU vigente quedarán normalizadas en el nuevo planeamiento que se encuentra en tramitación.

Sin embargo, la Junta entiende que ello no excluye la revisión de las licencias, y que se trata de dos cuestiones distintas, el planeamiento y la legalidad. Por un lado está la normalización a efectos de planeamiento de las construcciones que pudieran ser ilegales con sus correspondientes compensaciones, y por otro la declaración de nulidad de las licencias, que dieron origen a esa construcción y que la administración autonómica entiende que es una garantía de legalidad pues si los permisos no son ni revocados por el consistorio ni anulados por los tribunales, alguien podría en el futuro reclamar su validez. "Hay que revisar las licencias que están viciadas y en todo caso conceder una nueva de acuerdo a lo que determine el nuevo plan", afirmó un portavoz de la Consejería de Obras Públicas.

Además de la revisión, la Junta entiende que el Ayuntamiento debería también declarar caducas las licencias contrarias al PGOU en aquellos casos en los que las construcciones no se han llegado a iniciar.

El artículo 190 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que las licencias "cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las infracciones urbanísticas graves definidas en esta ley, deberán ser objeto de revisión por el órgano competente".