Aclaración

En relación con la información publicada en el día de ayer por su periódico en la que dan pábulo a unas declaraciones judiciales de alguno de los imputados en la presunta corrupción a favor de la mafia rusa en la delegación del Gobierno en Barcelona, con la que me relacionan, he de puntualizar las siguientes cuestiones:

1. No tengo ni he tenido ninguna relación personal o profesional con ningún miembro de la mafia rusa, y concretamente con el ciudadano Tetruashili, al que ustedes mencionan y con el que me vinculan en su artículo; tampoco conozco ni he tenido jamás trato alguno con empleados o familiares suyos, ni con nadie que lo represente.

2. En mi ejercicio profesional como abogado no se incluyen temas de tramitación de expedientes de inmigración y no he desarrollado, ni antes ni ahora, en mi bufete actividades de este tipo, ya que mi actividad profesional está vinculada exclusivamente al derecho mercantil, del que soy profesor universitario.

3. Esporádicamente y hace muchos años tramité, a solicitud de la Agrupación de Veteranos del RCD Español, club del que a la sazón era directivo, los expedientes de renovación de residencia de dos ex jugadores (Galiamín y Kouznezov) y su familia, por los que evidentemente no cobré nada, y sin que interviniera mi esposa.

4. Personalmente no entiendo que su diario pueda dar portada y página entera a las intoxicaciones de un imputado, sin que exista ninguna prueba que demuestre la realidad de lo publicado y que, sin embargo, afecta a mi honor e imagen personal y profesional, así como de mi familia.

5. Por cierto, ninguna instancia judicial, ni de la fiscalía ni siquiera policial, me ha llamado a declarar, ni tampoco me ha solicitado información de ningún tipo después de los varios años que parece ser se está llevando a cabo la investigación, por lo que me resultan sorprendentes las manifestaciones e imputaciones que se expresan en el citado artículo.

6. No dude de que, si dichas imputaciones se mantienen, realizaré las acciones legales que correspondan en defensa de mi persona y la de la familia, por ser calumniosas y no ajustarse ni remotamente a la verdad.

7. En los siete años que mi esposa fue delegada del Gobierno en Cataluña mantuvo un reconocido y escrupuloso cumplimiento, no solamente de la legalidad, sino también desde el punto de vista ético y moral que toda persona que ocupa un cargo público debe mantener, y que, únicamente desde la intencionalidad política, se puede pretender mancillar.