Imputados por favorecer a la mafia rusa en Barcelona implican a altos cargos del PP

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama que concedió ilegalmente en Barcelona decenas de permisos de residencia y trabajo a extranjeros de la mafia rusa cuenta con testimonios que apuntan a que las irregularidades no correspondían sólo al ex subdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells, en libertad con cargos. La Delegación del Gobierno en Cataluña hasta 2004, con Julia García-Valdecasas al frente -ministra de Administraciones Públicas en los últimos meses del Gobierno de Aznar-, forzó la aprobación de expedientes tramitados por su marido, según el testimonio de varios funcionarios.

Gerardo Gónzalez Bilbao es uno de los funcionarios de extranjería de la subdelegación del Gobierno de Barcelona detenidos hace dos semanas junto a su ex jefe, Eduard Planells -que ahora era directivo de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones- y dos presuntos cómplices externos por favorecer expedientes de extranjería del la organización del mafioso ruso Malchas Tetruashvili, desarticulada en 2005 en la Operación Avispa.

González Bilbao quedó libre con cargos tras declarar al juez. Este funcionario, tras filtrarse las pesquisas que le llevarían al juzgado, repartió una nota explosiva a sus compañeros de trabajo donde apuntaba más alto: "Planells no es ningún tonto, y sé que nadie le cogerá en ninguna escucha ni en ninguna actuación en la que fehacientemente se compruebe que ha dado papeles a distintos capos a cambio de dinero. Sé más. A Planells le nombró coordinador de los servicios periféricos la delegada del Gobierno Julia García-Valdecasas. Planells, cuando muchos pedíamos papeles para los encerrados en la iglesia del Pino, hizo una regularización extraordinaria por mandato del Gobierno del PP. En esa regularización se colaron los encerrados en la iglesia y algunos miles más que pasaban por allí. Pero se hizo y fue extraordinaria y la hizo el PP".

González Bilbao también cita en su denuncia los tratos con miembros de la mafia rusa: "Planells conoce y yo también que Tetruashvili era socio de un importante restaurador barcelonés y que a ese grupo lo asesoraban tanto [Antoni Fernández] Teixidó [ex consejero de CiU] como un importante profesional que constantemente sale en todos los medios de comunicación. Planells conoce, y yo también, que a este grupo se le detectaron unas 140 contrataciones ilegales; contrataciones que investigamos administrativamente dos funcionarios de esta casa, y de las que nadie habló. Planells sabe que, semiacabada esa investigación, se indicó a estos funcionarios, uno de ellos yo, que pasaran todos los expedientes al despacho del antiguo subdelegado del Gobierno [David Bonet], para que desde una vía superior se pudieran determinar las responsabilidades de ese citado grupo. Planells sabe, y yo también, que desde ese despacho se dio carpetazo a todo gracias a la notable intervención de un conocidísimo profesional". "Al mentado grupo", añade González-Bilbao, "muchos funcionarios de esta casa lo conocen, muchos saben de estas actuaciones singulares y muchos aún no salen de su asombro por esta tapada al por mayor. Planells sabe muchas cosas. Sabe y calla. Pero no las sabe desde que es subdelegado, las sabe desde que era coordinador por nombramiento del PP y durante ocho años".

Este funcionario no sólo ha reconocido ante el juez como suya esa denuncia escrita sino que ha explicado en sede judicial cuáles eran los máximos capos de la trama de aprobación ilegal de expedientes de extranjería en la Delegación del Gobierno en Cataluña con García-Valdecasas. "A partir de mi declaración van a tener caso. Y con la declaración de otro funcionario, Francisco Caballero, que compareció previamente como testigo. Dijimos que los verdaderos involucrados en esta causa son importantes políticos, importantes despachos de Barcelona, importantes cargos políticos del PP, Julia García-Valdecasas, y el subdelegado en Barcelona David Bonet, importantes asesores de la mafia y de un empresario español que era socio de Tetruashvili, tenían negocios en Las Ramblas".

"En aquellos tiempos, la delegada era Julia García-Valdecasas, y había un abogado que era su marido, Añoveros. Añoveros presentaba expedientes de extranjería. ¿Cómo se llama eso? ¿Tráfico de influencias? Presentaba expedientes generosísimos. Caballero ha declarado en la Audiencia Nacional, porque me lo ha dicho a mí, que había empresarios que presumían de llevar los asuntos de extranjería al despacho de Añoveros porque se arreglaban expedientes incluso con exenciones de visado, que eso es muy difícil, los arreglaba por un millón de pesetas, que es lo que yo dije a su señoría. Nosotros somos conscientes y testigos de que hemos tenido que aprobar o proponer la aprobación directa de expedientes de Añoveros por imposición de la delegada del Gobierno, que por narices se los tenía que aprobar la oficina de extranjería a pesar de que estaban desestimados".

González-Bilbao detalla así sus presuntas presiones:

-¿La orden para forzar expedientes de Añoveros las daba la delegada o Planells?

-"No, las órdenes las daba la delegada".

-¿Le daba órdenes a usted?

- "No, al jefe de la oficina de inmigración, Carlos Planas. Y a Francisco Caballero, jefe de sección del departamento de recursos. A mí, directamente, no. He sido testigo de esos expedientes porque yo soy responsable del departamento de recursos de reposición. En cuatro expedientes consta, además, que era por orden de la delegada. Que coja la policía esos expedientes, y verá las notas que nosotros hemos puesto en esos expedientes. Las notas que puso Carlos Planas. Decían así: "Por orden de la delegada del Gobierno". Después de haber sido desestimados los expedientes se tuvieron que aprobar. Bonet nos hizo parar una investigación de 160 expedientes que creíamos que estaban falsificados. Lo taparon porque el grupo del empresaario español socio de Tetruashvili lo pidió. Lo paralizó Bonet y la policía. No querían que saliera el nombre de Antoni Fernández Teixidó [ex conseller de CiU] y otro asesor, pariente de un alto cargo del PP". Su declaración coincide, en lo esencial, con las de otros interrogados por el juez.