Políticas arbitrarias

Con un procedimiento de urgencia injustificable, la Asamblea de Madrid aprobó la semana pasada la Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Administración. Este título tan pretencioso incluye normas variopintas, como la limitación de la altura de los edificios a tres pisos más el ático en los nuevos desarrollos urbanísticos, la prohibición de que los agentes forestales entren en los montes privados o la supresión de las incompatibilidades de los altos cargos de la Administración regional. Esta última perla legislativa se explica por sí misma: la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, podrá elegir cuál de sus directivos políticos se beneficia de dos sueldos, aunque sus intereses como gestores públicos y como ejecutivos de una empresa o como asalariados de una universidad puedan resultar contradictorios.

Una gran mayoría de urbanistas consideran la limitación a cuatro alturas un sinsentido. Los nuevos desarrollos construirán así pisos más caros, con menos zonas verdes y espacios públicos más reducidos. Sin olvidar que dificultarán el transporte público al obligar a recorridos más largos sobre una ciudad que inevitablemente tenderá a ensancharse. El Gobierno regional del PP actúa como si el suelo en España fuese un recurso ilimitado y no existiesen restricciones medioambientales. Igual de perniciosos parecen los corsés impuestos a los agentes forestales. Si no pueden entrar en los montes privados, la prevención de los incendios será más difícil y no habrá control sobre las construcciones ilegales ni sobre los vertidos fraudulentos en los bosques.

Los políticos del Gobierno madrileño no han tenido a bien explicar a los ciudadanos con argumentos y números en qué beneficia a Madrid eliminar las alturas a partir del quinto piso o cerrar el paso a los agentes forestales. Es verdad que el portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, aseguró que "mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos", pero ésa es una suposición que se cuidó mucho de demostrar y que cuenta con abundantes argumentos en contra. De hecho, parecen más ocurrencias arbitristas y sórdidas cacicadas que normas producto de la reflexión y con efectos beneficiosos calculados.

Esperanza Aguirre se las da de liberal, pero sus actos de Gobierno demuestran continuamente lo contrario. Confunde el liberalismo con la liberalidad hacia un grupo de propietarios o hacia sus propios funcionarios -como demuestran el caso de los agentes forestales o el fin de las incompatibilidades-, y se olvida de la retórica de la libertad para imponer con carácter de urgencia cuántos pisos tiene que elevarse Madrid. Mercedes para unos, burocracia vigilante para la mayoría. Con políticas tan estrambóticas no se gobierna razonablemente una comunidad autónoma de tanta importancia.