Islamistas y laicos, unidos en Pakistán contra Musharraf

"Hubiera deseado morir como mártir", confía, antes de estallar en sollozos, Rizeena Kouser, una estudiante de la madraza femenina de la Mezquita Roja de Islamabad. A sus 20 años, Rizeena es apenas una mirada enmarcada en el negro del burka que la cubre de la cabeza a los pies, pero su desesperación dice más de la profunda crisis que vive Pakistán en vísperas del 60º aniversario de su independencia, que muchos análisis políticos. Su fanatismo, su falta de horizontes o de empatía con el resto del mundo son fruto de la ambivalencia con la que Pervez Musharraz ha abordado el extremismo islámico. Ahora, el general presidente afronta su momento de la verdad.

"Musharraf tiene que irse", coinciden en señalar tanto los políticos de la oposición liberal como los partidos religiosos. La misma coletilla se oye en las asambleas de abogados, convertidas en punta de lanza de un movimiento popular espontáneo contra el Gobierno militar. El asalto este mes de la Mezquita Roja, donde un grupo de islamistas radicales se había hecho fuerte y que se saldó con 102 muertos reconocidos oficialmente, se ha convertido en un punto de inflexión.

"Hay una extendida sensación de injusticia y la gente está harta", dice Ahmed Rashid

"Podría ser un punto de inflexión si el Gobierno se sentara a hablar con los partidos políticos para formar un gran pacto nacional, pero no quiere hablar con nadie", asegura escéptica Asma Jahangir, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. "Es un mero superviviente, representa al estamento militar y los militares tienen su agenda: se han pasado 50 años gobernando con el pretexto de Cachemira y se quieren pasar los 50 siguientes con la excusa de la amenaza talibán", resume.

"El problema de Pakistán es Musharraf, no los talibanes. Sabemos cómo lidiar con ellos. Lo hemos hecho antes. Está engañando al mundo", señala Aseff Ahmad Alí, ex ministro de Exteriores y destacado barón del Partido del Pueblo de Pakistán (PPP), hoy en la oposición. "Estamos perplejos de que el mundo le respalde como un redentor", afirma, a pesar de los rumores de que la líder del PPP, Benazir Bhutto, está negociando con el general para poder regresar del exilio. "Es verdad que hemos mantenido contactos, pero no hay ningún acuerdo", precisa Alí.

Incluso los islamistas de Jamaat-e Islami (JI), el principal partido de la coalición MMA que ha apoyado a Musharraf hasta ahora, están de acuerdo con la oposición liberal en la necesidad de un Gobierno civil. "Sus políticas están poniendo a nuestro Ejército y a nuestra gente en la línea de fuego; por eso debe irse", señala Abdul Ghaffar Aziz, responsable de relaciones externas de JI. En su opinión, el general no puede cancelar ahora las elecciones previstas para este año "porque la gente se echaría a la calle".

Para el antiguo embajador y comentarista político Tariq Fatemi, el giro se produjo el 9 de marzo con la destitución del presidente del Tribunal Supremo, que desató un movimiento cívico sin precedentes en favor del juez, finalmente restituido, y de la independencia judicial. "Desde ese día, Musharraf sólo ha sumado errores; la diferencia es que tras el de la Mezquita Roja sabemos dónde estamos porque el Gobierno ha cruzado una línea en la arena", explica.

Ahora hay dos visiones, la de quienes propugnan aprovechar la ocasión para parar los pies a los extremistas de una vez por todas, y la de quienes creen que la vía militar no es suficiente. "Hay que abrir el diálogo a todos los partidos e iniciar un proceso de reconciliación que permita consensuar quién es terrorista y en qué clase de guerra contra el terrorismo debemos participar", resume Fatemi.

"Hay una extendida sensación de injusticia y la gente está harta", observa el analista Ahmed Rashid. "Es verdad que en estos años ha llegado mucho dinero, de Estados Unidos y de inversores árabes, pero no se ha distribuido, no se han construido infraestructuras; todo ha ido a parar a los militares y a sus asociados", añade. En su opinión, la petición de justicia que subyace en las manifestaciones islamistas en favor de la sharía (ley islámica) es la misma que ha alentado las protestas de la clase media reclamando la reposición del juez del Supremo y el Estado de derecho.

"No se puede matar a la gente sólo porque lleve burka", señala gráficamente Jahangir, que, por otro lado, cree que Musharraf no tiene credibilidad para llevar a cabo una transformación más profunda mientras tenga a su lado a personas que defienden la yihad (guerra santa), como Eza ul Haq, ministro de Asuntos Religiosos e hijo del dictador Zia ul Haq. Esta defensora de los derechos humanos admite que "el gobierno civil no es la solución a todos los problemas de Pakistán, pero es el único modo de empezar a cambiar las cosas".

Sólo entonces personas como Rizeena tal vez sientan que su país les ofrece oportunidades por las que merece la pena vivir. Entretanto, las promesas del paraíso seguirán encontrando un terreno abonado entre millones de jóvenes paquistaníes sin acceso a educación o sanidad pública.