¡Noticia bomba!

Hacia las ocho de la mañana del pasado martes se recibió en las redacciones de los medios de comunicación con sede en Madrid un fax sin precedentes. La convocatoria de una rueda de prensa en la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El convocante, el lugar y la premura (se avisaba con sólo tres horas de antelación) levantaron la máxima expectación.

Y, ciertamente, la noticia no decepcionó: Alberto Saiz comunicó la primera detención de un agente del servicio secreto español por vender información a una potencia extranjera.

Cuando Saiz compareció ante las cámaras, Flórez llevaba ya más de 24 horas detenido en la comisaría de Puerto de la Cruz (Tenerife) y los registros practicados en su oficina y su casa habían arrojado pruebas documentales aplastantes de su traición.

Era cuestión de horas que la noticia saliera a la luz, así que el CNI optó por una explosión controlada. Podía haber remitido una nota de prensa, pero en ese caso las televisiones habrían rodeado la sede del servicio secreto a la caza de imágenes para ilustrar la información y Saiz no hubiera podido trasladar el mensaje de tranquilidad con el que intentó echar agua en el escándalo: "La seguridad nacional no ha estado nunca en riesgo".

La del miércoles fue la primera rueda de prensa de un director del servicio secreto español, pero no su primera entrevista ni sus primeras declaraciones a la prensa. En otros países hay ejemplos de comparecencias públicas. Por ejemplo, la jefa del servicio secreto británico MI5, Eliza Manningham-Buller salió a la palestra en noviembre de 2006 para advertir sobre el riesgo de atentado. Hace años, ni siquiera se conocía el nombre de la persona que ocupaba ese cargo.

El hecho de convocar a la prensa en la sede del CNI y no en el Ministerio de Defensa, del que depende orgánicamente, complicó la puesta en escena, pues sus instalaciones no están preparadas para recibir a decenas de periodistas.

En todo caso, la polémica sobre la rueda de prensa de Saiz -convertida en eje de la crítica del PP- ha eclipsado la decisión que está en el origen de la misma: la de poner a disposición judicial al presunto traidor.

La legislación permite al CNI efectuar registros con autorización de un juez especial del Supremo. Sin embargo, lo hallado en este tipo de registros carece de validez como prueba ante los tribunales. Por eso, el CNI decidió denunciar el caso a la fiscalía y llevarlo ante la justicia ordinaria; los juzgados de instrucción de Tenerife, primero, y de Madrid, después.

El problema es que el sumario acabará por ser público y se verá que fue Rusia la potencia que compró los secretos de Flórez, aunque Saiz evitó por todos los medios citar el país.

Aún así, expertos en inteligencia descartan que ello pueda provocar una crisis diplomática: "¿Cómo vamos a reprochar a un servicio secreto que compre la información que un traidor acude voluntariamente a ofrecerle? Nadie que se dedique a este negocio dejaría de hacerlo".