El juicio por el espionaje de las Cajas será el 19 de noviembre

Sevilla - 29 jul 2007 - 00:00CEST

El Juzgado Penal número 3 de Sevilla ha fijado seis días de vista, a lo largo de dos semanas de noviembre, para la vista oral por el presunto espionaje en las cajas de ahorro andaluzas, en el que comparecerá como testigo el presidente de la Junta y secretario general del PSOE andaluz, Manuel Chaves.

Fuentes del caso dijeron que el juzgado penal ha fijado el juicio para los días 19, 21, 22, 26, 28 y 29 de noviembre dados los numerosos testigos citados por todas las partes, entre ellos Manuel Chaves, como denunciante, y el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado (PP), ahora alcalde de Granada.

En el banquillo se sentarán Juan Manuel López Benjumea, ex presidente de Caja San Fernando; el detective al que contrató J.C.P.; el director de El Mundo en Andalucía, Francisco Rosell, y el periodista de este medio J.C., para quienes las acusaciones piden multas de hasta 126.000 euros por un presunto delito de injurias graves con publicidad.

Las acusaciones consideran que la publicación en El Mundo en noviembre de 2001 de una noticia sobre el espionaje que supuestamente había sufrido López Benjumea por orden de Chaves y otros dirigentes del PSOE respondió a un "plan tendente a influir en el proceso de renovación de cargos" en las cajas de ahorro, creando "la falsa apariencia de estar siendo objeto de seguimientos".

Al tratarse de un delito de injurias entre particulares la Fiscalía no interviene en el proceso, pero hay tres acusaciones particulares ejercidas por Chaves y el secretario de Organización del PSOE, Luis Pizarro, por Miguel Ángel Pino como ex presidente de la Comisión de Control de la caja y por Juan Escámez, ex jefe de escoltas de la Junta y ahora alcalde socialista de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

En el juicio se reproducirá el vídeo en el que se basó la información de El Mundo y en el cual el supuesto "espía" afirmaba: "Entre Chaves, Pizarro y Pino me han ordenado seguir a Benjumea". La acusación imputa a los dos periodistas por no haber hecho "comprobación técnica alguna ante la evidencia de burda manipulación que presentaba la grabación".

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