En busca del mapa perdido

En la actual discusión sobre el mapa administrativo de Galicia coexisten dos niveles de reflexión. El primero, más prosaico, tiene que ver con intereses personales o de partido. ¿Por qué eliminar instituciones que proporcionan recursos a personas y siglas, y sirven de cuarteles de invierno cuando se pierde el poder en otras arenas? ¿Por qué ampliar en exceso los lindes de la cooperación intermunicipal si eso conlleva perder una posición dominante? ¿Por qué fusionar dos municipios que por separado permiten contar con dos corporaciones municipales y el doble de puestos y salarios, favores y prebendas?

Sobre este nivel no me voy a pronunciar, para pasar a referirme al otro, al que está preocupado por el bienestar de los ciudadanos y, por tanto, por construir espacios razonables para la definición y ejecución de las políticas públicas.

En estos momentos existe una clara tensión entre el mapa administrativo y la realidad socieconómica. Es lógico. El primero es una componenda entre un modelo con origen en el siglo XIX y el sistema autonómico que arranca en la Transición y que sólo en las comunidades autónomas uniprovinciales fue simplificado por absorción. Por su parte, poco tiene que ver la realidad socioeconómica de la Galicia actual con la de hace un siglo. En particular, hay que referirse a la movilidad de personas y mercancías y a las pautas geográficas impuestas por los procesos de desarrollo económico.

Distancias que hace cien años eran inasumibles, por las deficientes vías de comunicación y la inexistencia de medios de transporte mecánicos, son hoy irrelevantes, con miles de ciudadanos que hoy transitan a diario sobre varios municipios con bajos costes en términos de tiempo y dinero. Entonces, era una necesidad fragmentar mucho el mapa municipal para que tuviese sentido. Si nos obligasen a hacerlo hoy de nuevo, sin tener en cuenta las fronteras municipales vigentes, a buen seguro optaríamos por reducir su número desde los 315 actuales a menos del centenar. Por otro lado, el crecimiento demográfico de los polos urbanos se ha hecho a costa de los municipios rurales y, en una segunda fase, ese crecimiento de los polos (Vigo, A Coruña, Santiago, Ourense...) ha desbordado el municipio central para extenderse como una mancha de aceite a través de sucesivas coronas. ¿Quién hubiese pensado hace cien años que íbamos a tener una conurbación Vigo-Pontevedra-Vilagarcía, que será incluso más evidente cuando se finalice la construcción de la nueva plataforma ferroviaria?

Así las cosas, creo que necesitamos un Gobierno autonómico valiente y hábil, que incentive un proceso de reorganización paulatino y pacífico del mapa administrativo. Sugiero tres líneas de avance a medio plazo. Incentivar la fusión de los municipios con menor población y en clara decadencia demográfica. En la práctica, eso se traduce en explicar a los ciudadanos las ventajas de la fusión voluntaria en términos de calidad de los servicios públicos locales y condicionar, en mayor o menor grado, la descentralización de nuevas competencias y el propio volumen de transferencias y subvenciones autonómicas a alcanzar tamaños mínimos de población que sean razonables.

En segundo lugar, aprobar unas directrices de ordenación del territorio que partan de cómo la gente vive y ocupa el territorio. Esas directrices deben incluir áreas metropolitanas funcionales y áreas urbanas amplias y ambiciosas, que le sirvan a los ciudadanos y nos hagan visibles en España y Europa. Las políticas autonómicas deberían tener esas áreas metropolitanas (y las comarcas que las complementan) como referencia básica.

La cooperación horizontal, entre ayuntamientos, y vertical, con la Xunta, fundamentalmente a través de la fórmula de los consorcios debería permitirnos resolver los problemas de escala y efectos desbordamiento que reclaman la supramunicipalidad. Tercero, no obsesionarse con la diputaciones. A mi juicio, el propio éxito de las líneas de trabajo anteriores aclararán el futuro lógico de los organismos provinciales. http://webs.uvigo.es/slagop