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COLUMNA

Aprendiz de brujo

He visto varias veces la portada de El Jueves y le he estado dando vueltas al asunto a lo largo de la semana y cada vez entiendo menos que el ministerio fiscal haya procedido de la forma en que lo ha hecho y que el juez ordenara el secuestro de la publicación, primero, y la clausura de la página web después.

El asunto es una estupidez, pero el problema que ha planteado es de una trascendencia extraordinaria. Si la conducta de publicar una portada como la de El Jueves es constitutiva de delito, entonces la Monarquía parlamentaria no puede ser la forma política del Estado español. Si la Monarquía parlamentaria no es compatible con el ejercicio de las libertades ideológica, de expresión y de creación artística (la producción de una mamarrachada está tan protegida constitucionalmente como la de una genialidad) en la forma en que han sido ejercidas por los caricaturistas de la revista, la Monarquía no es aceptable como forma política. El hecho de que la Jefatura del Estado sea una magistratura hereditaria en lugar de una magistratura electiva no puede traducirse en una limitación de esta intensidad de estas libertades, además de la limitación del derecho a transmitir información, ya que, al ordenarse el secuestro de la publicación y el cierre de la página web, también este derecho se ha visto afectado. Ese precio es desorbitado. No se puede pagar.

A esto es a lo que ha conducido la fiscalía al actuar de la manera en que lo ha hecho. Y da igual que la conducta sea calificada de delito o de falta. Si la Audiencia Nacional acaba condenando a los autores de la caricatura, la sentencia será recurrida ante el Tribunal Supremo y si éste confirma la sentencia, será recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional y, si no se otorga el amparo, el asunto acabará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Tiene sentido someter a la Monarquía a este recorrido procesal?

En el momento en que se inició la transición tuvimos que enfrentarnos a un problema muy serio de legitimidad de la institución monárquica, que había sido restaurada como consecuencia de un golpe militar contra la República. Ese problema de legitimidad se resolvió con base en el compromiso de que la Monarquía no supondría el más mínimo obstáculo para la expresión del principio de legitimidad democrática del Estado y para el reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales. La arquitectura constitucional y el Título I descansan en ese compromiso. Es un compromiso que ha sido respetado escrupulosamente por todos los miembros de la Casa Real y por los gobernantes democráticamente elegidos. Por eso la Monarquía ha sido aceptada de forma muy mayoritaria en la sociedad española. La Monarquía ha sido percibida por los ciudadanos como una institución vinculada a la recuperación de la democracia y a la garantía de los derechos fundamentales. A diferencia de lo que había ocurrido en nuestra historia constitucional anterior, la Monarquía había dejado de ser un problema político y constitucional para la sociedad española.

¿A qué viene crear un problema que no existía? ¿A nadie se le ha ocurrido en la Fiscalía General del Estado que se jugaba a aprendiz de brujo y se ponía en marcha un proceso que después no se iba a poder controlar? La acusación tiene que ser retirada de manera inmediata. Cuanto más tiempo se mantenga con vida este asunto, peor.

No creo que los miembros de la Casa Real necesiten ser defendidos. Ellos saben muy bien qué es lo que tienen que hacer y lo vienen demostrando desde antes de que se produjera la recuperación de la democracia. No han creado ni un solo problema y han ayudado a resolver muchos. Han sabido estar presentes cuando había que estarlo y pasar desapercibidos cuando tenían que pasar desapercibidos, esto es, cuando se tenía que constituir o ejecutar la voluntad del Estado. En ningún momento han interferido en el proceso de toma de decisiones políticas o de creación de normas. ¿Por qué no se les deja tranquilos?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 28 de julio de 2007