Montilla impone a las compañías eléctricas el pago de indemnizaciones desde el lunes

Indemnizaciones inmediatas y a golpe de teléfono a partir de este mismo lunes. Ésta es la única fórmula con la que el presidente de la Generalitat, José Montilla, creyó que podría calmar los encrespados ánimos de los barceloneses tras un fiasco eléctrico que ha perjudicado a 350.000 abonados y ha causado pérdidas millonarias. Montilla arrancó ayer la promesa de Endesa, que avanzará entre 60 y 300 euros a cada particular mientras se dilucida si el apagón es responsabilidad suya o de Red Eléctrica. El refuerzo de las inversiones que también reclaman las Administraciones no se concretó.

A grandes males, indemnizaciones express. Este es el mensaje que quiso expresar Montilla y el forcejeo fue a brazo partido: la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona exigían compensaciones automáticas y "generosas" para los afectados y las eléctricas no querían ceder, no tanto por la cuantía de estos pagos en sí, sino por el precedente que se acaba de sentar en Barcelona ante averías futuras en cualquier otro lugar. Pero el brazo se torció, el pulso se decidió, y las compensaciones extralegales que recibirán los perjudicados son las máximas pagadas en España.

El apagón de Iberdrola en Madrid el año pasado se saldó con compensaciones de entre 30 y 50 euros y en el de 2001 en Barcelona por la ola de frío las compensaciones se limitaron a un abono irrisorio en la mayoría de casos.

Hoy, los barceloneses son más exigentes. Y el apagón ha sido peor: algunos se quedaron sin luz desde el lunes hasta el jueves. Es más, el suministro precario se prolongará durante meses: la mitad de los 166 generadores repartidos por las calles de la ciudad se podrán retirar a finales de agosto y el resto se mantendrá en guardia hasta febrero, cuando esté reparada la estación que se quemó. La reclamación rápida -el abonado facilita su número de póliza y la compañía le indemniza- es para hogares. Comercios y empresas tendrán acudirán a una Junta Arbitral.

El fiasco estalló el lunes. A las 10.57 un cable cayó sobre una subestación de Barcelona y, segundos después, quedaron en coma luces, líneas de metro y semáforos. Red Eléctrica, propietaria de la red de alta tensión que se desconectó, y Endesa, que distribuye la electricidad y da la cara ante los clientes, se tiran los trastos a la cabeza.

El presidente de REE, Luis Atienza, y el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, continuaron culpándose el uno al otro de lo sucedido en la reunión con las Administraciones catalanas. Los expedientes informativos abiertos por la Generalitat y la Comisión Nacional de Energía (CNE), tardarán semanas -a veces el proceso ha requerido meses- para dilucidar qué empresa es responsable del apagón, pero la sanción será ejemplar. Montilla advirtió ayer de que la multa podría llegar hasta los 30 millones de euros, gracias a la nueva normativa para el sector eléctrico publicada el 5 de julio. Esta norma también da más poder a las Administraciones autonómicas al controlar las inversiones.

Ayer, Montilla no arrancó un calendario a las empresas, a las que ha pedido que aceleren sus proyectos, pero precisamente la ley de julio obliga a las eléctricas a presentar un plan de inversiones el 15 de octubre. Una nueva ley autonómica, que Montilla anunció para otoño, persigue reforzar la red de subestaciones. El presidente negó que la Generalitat pueda inspeccionar la red: "No nos dedicamos a fabricar kilovoltios ni a venderlos, pero es inaceptable que un servicio público falle de esta manera".

Ante los tirones de orejas por la insuficiencia de inversiones, Endesa sacó los números:

ha invertido 2.100 millones en la red desde 2002 y 2006 y prevé destinar 3.375 entre 2007 y 2009.