Aguirre y Narbona van al Constitucional

Fuego cruzado, con los recursos ante el Tribunal Constitucional como artillería, entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Esperanza Aguirre. Es la última táctica en la estrategia de enfrentamiento entre ambas instituciones, esta vez a cuenta de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. Es la norma que limita a cuatro las alturas de los pisos y que impide a los agentes forestales entrar en fincas privadas sin mandato judicial.

PSOE e IU también se proponen recurrir la norma aprobada el miércoles

Moncloa acusa a Madrid de "romper España" por quitar poder a los forestales

Justo un día después de que la Asamblea de Madrid aprobara esta ley, sobre la que PSOE e IU habían insinuado días atrás posibles recursos ante el Tribunal Constitucional, el PP pasó al contraataque. Y lo suyo no son las medias tintas, sino los hechos. Así que Ignacio González, vicepresidente primero autonómico, anunció la presentación de dos recursos en el Constitucional contra leyes del Gobierno central.

El primero, por la Ley del Suelo, de ámbito estatal; el otro, contra el decreto que regula la formación de trabajadores y parados. Además, el Gobierno de Aguirre presentará alegaciones por el mapa del ruido del aeropuerto de Barajas elaborado por AENA y presentará un conflicto de competencias ante el Constitucional porque cree que es el Gobierno regional (en lugar del central) el que debe resolver una divergencia entre dos empresas de transporte regionales. El PSOE, por su parte, también pasó ayer a los hechos. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Modernización por ser contraria a la Ley de Montes.

Narbona acusó a Aguirre de "romper España" por obligar a que los agentes forestales sólo puedan entrar en fincas privadas con mandamiento judicial. "Al PP se le llena la boca de España, pero confunde el interés general de los madrileños con los intereses particulares, más concretamente con los intereses de los propietarios de fincas privadas".

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, abundó en esta idea, pero con otro argumento: la Ley del Suelo. "Quien se oponga a una ley así, hace un mal servicio a España y a los españoles", dijo en Comillas (Cantabria), informa Juan A. Aunión. La portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, dijo que también ellos estudian interponer un recurso.

La guerra de cifras entre los gobiernos de Zapatero y Aguirre está servida. Es la batalla del y tú más. La Comunidad de Madrid estima que la Ley del Suelo "rebaja al 30% la vivienda protegida en los nuevos desarrollos, frente a la obligación del 50% que impone Madrid". Sin embargo, el Ministerio de Vivienda respondió ayer que "la ley fija un mínimo de un 30%, pero si una comunidad autónoma quiere establecer un 50%, estupendo". Además, defiende un portavoz ministerial, la ley estatal "incorpora medidas para el cumplimiento de ese 30%". Unas normas que, según las mismas fuentes, no tiene Madrid. "Ellos incumplen su 50%", aseguran.

El recurso de inconstitucionalidad que va a presentar Aguirre, además de por la guerra de porcentajes, se debe a otros factores. Según el Gobierno regional, la Ley del Suelo "priva a los propietarios del suelo de su competencia para urbanizarlos". El ministerio matiza: "Ella se presenta como la defensora de los pobres propietarios que tienen su parcelita, pero no es así; en realidad, ella está con sólo unas diez personas, que concentran la gran mayoría del suelo en Madrid".

"La norma recurrida impone usos a los suelos públicos e impide que se destinen a las necesidades de cada momento", dijo ayer la Comunidad. Fuentes del ministerio rebatían esta afirmación. Desde el Ministerio de Medio Ambiente también organizan su artillería de recursos. La ministra, Cristina Narbona, anunció que va a analizar "inmediatamente" la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Modernización por el apartado sobre los agentes forestales. "La norma regional es una medida contraria a la Ley estatal de Montes que dice claramente que los agentes forestales, como agentes de la autoridad, pueden entrar, inspeccionar, tomar pruebas y llevar a cabo todas las actuaciones que crean necesarias para prevenir cualquier delito de carácter ambiental y urbanístico", subrayó Narbona en declaraciones a la cadena SER.

La portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, señaló que "lo más flagrante tiene que ver con el apartado que limita las alturas de los bloques a cuatro pisos".