Promotores imputados en el 'caso Malaya' pagaron una campaña electoral del GIL

Varios promotores inmobiliarios procesados en el caso Malaya por corrupción en el Ayuntamiento de Marbella colaboraron en la financiación de la campaña electoral del Grupo Independiente Liberal (GIL) para las municipales de 2003, en la que fue reelegido Julián Muñoz. El principal imputado en la causa y entonces gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, se encargó de la recaudación y cobró a seis promotores un total 1.030.941 euros, según hace constar el juez instructor en el auto de procesamiento de las 86 personas inculpadas en el caso.

La relación de promotores detallada por el juez que colaboraron en la financiación del GIL incluye a José Ávila Rojas -según un informe policial habría aportado a la cuenta electoral 300.000 euros-, Fidel San Román, Enrique Ventero, Manuel Lores, Francisco Zambrana y Eusebio Sierra. Todos ellos están imputados de presunto delito de cohecho, y en el caso de Ávila Rojas también de blanqueo de capitales, por haber pagado comisiones a Roca para obtener un trato favorable del Ayuntamiento de Marbella en convenios urbanísticos y en la concesión de licencias.

Según consta en el auto de procesamiento de las 86 personas implicadas en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, que entonces era gerente de Urbanismo del consistorio, se habría preocupado directamente de la financiación de la campaña del GIL. A este fin interpreta el magistrado la existencia de un documento de hoja de cálculo, hoja de caja cña.xls, como una cuenta independiente dentro de los archivos de la contabilidad de las actividades de Roca intervenidos por la policía en la sede de Mara Asesores.

Esta cuenta especial registró movimientos entre el 4 de octubre de 2002 y el 6 de marzo de 2003, periodo que el juez identifica con la precampaña electoral.

Entre las salidas de dinero que se produjeron de la cuenta electoral figuran dos pagos a José María del Nido, asesor jurídico externo del Ayuntamiento y hasta hace tres meses defensor de Julián Muñoz, que según el juez "se desconoce a que responden".

También se anotaron gastos particulares de Roca. Curiosamente, de esa cuenta Roca sacó 150.000 euros para la comisión que entregó a Julián Muñoz por dos convenios de permuta de solares municipales con dos sociedades controladas por el ex asesor de Urbanismo con las que obtuvo importantes beneficios económicos. Roca tomó el dinero de la supuesta cuenta electoral en calidad de préstamo que posteriormente repuso.

Los movimientos de aquella cuenta fueron directamente controlados por Roca, según declaró al juez el que fuera contable de Maras Asesores Sergio Santana, quien aseguró que se limitó a poner en el documento informático una relación que había escrita en un papel.

El hecho da una idea más del control absoluto que Roca ejercía en el Ayuntamiento y sobre los concejales. En las municipales de mayo de 2003, Julián Muñoz, que había sustituido un año antes a Jesús Gil obligado a dimitir tras ser inhabilitado por el caso camisetas, encabezó por primera vez la lista del GIL y logró mayoría absoluta. Curiosamente, sólo dos meses después de aquellas elecciones, Roca tramó la la moción de censura para sustituir a Muñoz por Marisol Yagüe, como queda acreditado en los autos por los testimonios de los ex concejales y las propias investigaciones del juez.

Roca urdió la moción de censura una vez que Julián Muñoz le destituyó como gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000 y aceptó iniciar los trámites de elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Según el juez, Roca maniobró políticamente cuando vio que perdía el control del urbanismo.

El 20 de marzo de 2006, nueve días antes de ser detenido, Roca convocó un almuerzo a una veintena de empresarios en el restaurante El Rodeito en el que, al parecer, les pidió colaboración para fundar un partido político que concurriera a las elecciones municipales de mayo de 2007, supuestamente sin Marisol Yagüe. A aquel almuerzo, referenciado también por el juez en el sumario, asistieron, entre otros, José Ávila Rojas, Rafael Gómez Sánchez (Sandokán), Cristóbal Peñarroya, Emilio Rodríguez Bugallo, o el presidente y director comercial de Aifos, Jesús Ruiz Casado y Francisco García Lebrón, todos ellos procesados por el caso Malaya.