El juez de familia de Murcia Ferrín Calamita ha suscitado 19 quejas ante el Poder Judicial

Se han presentado al menos 19 quejas contra el juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita, que otorgó la custodia de los hijos al padre en un divorcio alegando que la madre era lesbiana. Las reclamaciones, presentadas ante la Unidad de Atención al Ciudadano del Poder Judicial, detallan trato "desconsiderado" y fuertes presiones para que las parejas que se quieren separar no lleguen a juicio. La comisión disciplinaria del Poder Judicial abrió ayer un expediente contra el juez por el caso de la custodia, pero la falta que le reprochan sólo acarrea sanción de multa. El magistrado, en principio, seguirá juzgando.

Son numerosas las quejas de los ciudadanos por el comportamiento del juez Fernando Ferrín Calamita. La Unidad de atención al Ciudadano del Poder Judicial ha recibido al menos 19 reclamaciones. A la comisión disciplinaria han llegado ocho: cinco han sido archivadas, otras dos se están investigando y por una de ellas -el caso de la custodia- se le abrió ayer al juez un expediente sancionador. La decisión la tomaron por unanimidad los cinco vocales de la comisión disciplinaria.

La falta por la que se le podría castigar consiste en utilizar "expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico" y sólo acarrea una sanción de multa, de 300 a 3.000 euros. Una de las vocales ha propuesto que se acumulen todas las quejas y se investiguen con detenimiento las resoluciones y actuaciones del magistrado -actualmente de baja-, para ver qué medidas se deben adoptar. La fiscalía podría investigar si ha cometido algún delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas).

Familia normal

Uno de los otros dos casos que la comisión disciplinaria está investigando es el de Vanesa de las Heras, a quien Ferrín no permite adoptar a la hija de su esposa a pesar de que la ley lo autoriza. En este proceso, Ferrín, después de asegurar que una familia formada por dos mujeres no es "normal" y que un niño necesita un padre y una madre, pidió la opinión de todos los psicólogos de la Dirección General de Familia de Murcia. Ahora ha cambiado de táctica y ha anunciado que va a suspender el procedimiento y presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. El abogado de la pareja va a recusar al juez.

El otro caso que investiga la comisión disciplinaria del Poder Judicial es el de un médico, Juan Mario Pérez Abad, que se separó recientemente y que refiere distintas quejas. Éste asegura que el juez Ferrín le presionó en distintas ocasiones para alcanzar un acuerdo con su esposa, diciendo que, si iba a juicio, se "atendría a las consecuencias". Señala también que, después de fijar la pensión, le embargó el sueldo directamente, sin darle "siquiera la oportunidad de no haber pagado", según refiere en su escrito. Pérez Abad solicita también que se compruebe la capacidad del juez para el ejercicio de su trabajo, "para evitar males mayores en su contra". Afirma que durante las dos sesiones del juicio a las que asistió apreció que "presentaba un temblor muy característico denominado extrapiramidalismo que se presenta como efecto secundario en el tratamiento de la psicosis".

Otras de las quejas -que han sido archivadas-, coinciden con la de Pérez Abad en la obsesión del magistrado porque las parejas no lleguen a juicio -algunas personas afirman haberse visto obligadas por el juez a firmar acuerdos inaceptables- y en que es frecuente que decrete embargos antes de dar la oportunidad de pagar a quien debe hacerlo. En las resoluciones de separación y divorcio se fijan pensiones de alimentos para los hijos. La sentencia indica la cuantía y, en caso de impago, se puede pedir al juez que embargue al deudor. Según estas quejas, Ferrín decretaba directamente el embargo en las sentencias de separación o divorcio e incluso en los autos de medidas provisionales.

El magistrado, en las alegaciones que formula ante algunas de estas quejas, defiende su labor "conciliadora" y califica la actitud de una abogada que deseaba que se celebrara directamente el juicio como de "muy vehemente y descarada". La comisión disciplinaria archivó estas quejas en ocasiones porque no había más pruebas que las versiones contradictorias del juez y del ciudadano. Otras veces, porque se entendía que su comportamiento había sido correcto y otras, porque lo que se estaba discutiendo era el fondo de las decisiones del magistrado, y la comisión disciplinaria entiende que son los tribunales superiores los que deben resolver estas cuestiones.