Candados contra los guardas

Protesta ante la finca de la familia de la presidenta regional. Allí, los agentes forestales madrileños hicieron ayer un último llamamiento a la "sensatez, cordura y madurez política", de Esperanza Aguirre para que retire el proyecto de Ley de Modernización del Gobierno y de la Administración, que la Asamblea prevé aprobar hoy. La norma merma las funciones de los agentes. Éstos no podrán acceder a los terrenos y montes privados sin autorización judicial. Ello les impedirá, a su juicio, intervenir de forma inmediata al detectar irregularidades en terrenos privados, y propiciará que los dueños actúen con total impunidad.

Los agentes realizaron su petición ante la entrada, cerrada a cal y canto con un grueso candado, de la finca La Granjilla, en El Escorial, propiedad de la familia de Aguirre. Un gran letrero sujeto a la cancela advierte: "Propiedad privada. Prohibido el paso". La finca tiene la calificación de monte preservado y está catalogada como Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid y sitio de Interés Histórico Natural por las normas de El Escorial. En su interior existe un importante conjunto renacentista mandado edificar por Felipe II.

La norma entorpecerá la labor de los trabajadores en la prevención de incendios

IU acusa al PP de enfrentar a los agentes con los propietarios de fincas

"Este lugar es el ejemplo de lo que puede ocurrir en otros semejantes de la zona, de una gran riqueza medioambiental. Hasta hace dos días podíamos entrar sin problemas. Ahora no. Nos han cerrado el acceso con un candado, y eso que estamos en una vía pecuaria", explicó Francisco Cabezos, coordinador estatal de agentes forestales de CC OO. Esperanza Aguirre afirmó ayer que no hay ninguna vía pecuaria que atraviese la finca, informa Servimedia.

Los agentes llevaban a cabo inspecciones rutinarias de vigilancia dentro de ésta y otras fincas. La Granjilla alberga el mayor núcleo de nidificación de cigüeña blanca en árbol. En sus cuatro estanques sobrevive una colonia de galápago europeo, en peligro de extinción, además de ser hábitat de otras especies como zorros, mustélidos y rapaces. "Esos animales pertenecen a todos los ciudadanos. El propietario está obligado a velar por ellos. Pero si desaparecieran de aquí o de otro entorno semejante, ¿quién lo va a controlar? Hasta ahora, y desde hace 130 años, nosotros", explicó Cabezos.

La Ley de Modernización también entorpecerá la labor de los agentes en la prevención de incendios. Los agentes afirmaron que en caso de observar una barbacoa encendida en un monte privado no podrán actuar de forma inmediata. "Tendremos que ir al juzgado más cercano y pedir al juez, que estará ocupadísimo, una orden judicial para entrar. Mientras tanto, puede que se haya originado un gran incendio. Entonces sí nos llamarán, cuando se esté quemando el monte".

Cabezos recriminó a los responsables del PP que comparen su labor con entrar en domicilios "dando una patada en la puerta". "Nosotros entramos en fincas, jamás hemos puesto un pie en viviendas de nadie. El PP está tratando de confundir a la opinión pública", aseguró.

Reyes Montiel, portavoz de Medio Ambiente de IU, acusó a Aguirre de "caer en la falacia de enfrentar a los agentes forestales con los propietarios de las fincas". Una actitud que Montiel calificó de "intolerable". La parlamentaria anunció que si la ley se aprueba, su grupo presentará un recurso ante los tribunales. A su juicio, la ley invade también las competencias municipales y contribuirá a la desprotección de espacios.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció días atrás que llevará al Tribunal Constitucional contra la ley de Aguirre. "Incumple una norma estatal y es una grave amenaza para el interés general. Es una burla a las instituciones parlamentarias", aseguró.

Los agentes se mostraron satisfechos de que el PP haya dado marcha atrás en una de las disposiciones de la norma, que pretendía despojarles de las atribuciones de agentes de la autoridad y policía de inspección, vigilancia y control del medio natural.