Ventajismo a tope

Ventajismo a tope. Eso se llama dar largas a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace más de ocho meses y cada vez más imposibilitado de ejercerlas por el goteo de vacantes, con la secreta esperanza de que los resultados de las próximas elecciones generales en marzo posibiliten una ampliación de la cuota de vocales afines.

Y eso es lo que, según todos los síntomas, está practicando el Grupo Parlamentario Popular del Congreso, dirigido por su portavoz, Eduardo Zaplana, en las negociaciones que mantiene con los socialistas para poner fin a la situación de interinidad del órgano de gobierno de los jueces.

En toda renovación del Consejo del Poder Judicial, que se produce cada cinco años, los partidos políticos pugnan por reforzar o ampliar sus espacios de influencia en el órgano del gobierno de los jueces. Esa actuación nada tiene de edificante, pero es el juego normal al que nos tienen acostumbrados los partidos. Sin embargo, que una fuerza política bloquee la renovación de una institución del Estado por considerar que la actual relación de fuerzas en el Parlamento no le favorece y espera mejorarla en la siguiente legislatura es llevar el deterioro institucional -el del Parlamento, el del Consejo del Poder Judicial y la propia función pública- a límites difícilmente superables.

La última reunión habida la semana pasada entre socialistas y populares concluyó, como las anteriores, sin resultado alguno. El PP pretende tener en el nuevo Consejo el mismo número de vocales que mantiene en el actual, elegido en noviembre de 2000, cuando ese partido disponía de mayoría absoluta en el Parlamento. Se trata de una pretensión que no se corresponde con el Parlamento salido de las urnas el 14 de marzo de 2004 y que dejaría en manos del PP una minoría de bloqueo que impediría al nuevo Consejo funcionar con normalidad. Es fácil deducir que el verdadero interés de los populares es agotar la actual legislatura sin renovar el Consejo y probar suerte en la próxima.

El daño que se hace con estas actuaciones al Poder Judicial, necesitado como ninguna otra institución de credibilidad, es inmenso. También se desprecia a los 4.500 jueces españoles, no sólo por el trato desconsiderado que se da a la institución que los gobierna, sino por el desdén que se muestra por su trabajo, haciendo caso omiso de las 36 candidaturas a las 12 vocalías de extracción judicial que legalmente les corresponde y que fueron remitidas hace meses al Parlamento. La situación justificaría por parte de las asociaciones judiciales una llamada de atención a las fuerzas políticas sobre lo que ya constituye un escándalo institucional de enorme gravedad.