Guerra en las 'casas cortadas'

Antonio González no ha estado nunca en Beirut. Ni en Sarajevo. Pero es un hombre observador y de metáfora fácil. Ve la televisión. El presidente de la Agrupación de Vecinos de Fuencarral tiene a la sombra de su bloque nuevo un descampado lleno de escombros y basura. Las ratas corretean entre los juguetes rotos. El Sol está muy próximo a la Tierra y pudre los restos de comida. En medio de esa pradera, 15 pequeñas casitas resistentes. Cuerpos extraños supervivientes del bombardeo del Instituto de la Vivienda de la Comunidad. Un total de 15 construcciones como arrojadas al azar en la explanada y escindidas de sus vecinas, ya demolidas.

"Parece Beirut", insiste González, antiguo habitante de esa imaginaria ciudad devastada, que aceptó en su momento, "como la mayoría", el piso que le ofrecieron. Lo parece, aunque los cuatro enormes rascacielos de la antigua ciudad deportiva reflejen los rayos del mediodía a menos de 1.000 metros. Son las casas cortadas. Un centenar de viviendas con 50 años recién cumplidos distribuidas en los cuatro poblados de absorción chabolista que el Ivima aún no ha conseguido derribar. Son los de Fuencarral (A y B), UVA de Hortaleza, Canillas y Alto del Arenal. Llegaron a ser 6.000. Llevan en proceso de descomposición desde 1986. Pero no terminan de desaparecer. Los vecinos "más cabezotas" esgrimen un contrato de compraventa "de tiempos de Franco" que ha expirado, y "por lo tanto" les tienen que dar una casa "en propiedad y no en alquiler". El Ivima replica que ese contrato no tiene validez. Que la Administración es "muy comprensiva" con ellos. Que pagan sólo dos euros mensuales y que por su culpa "200 personas están esperando a que les den una casa". El asunto está en los tribunales y su resolución, casi segura la piqueta, se puede demorar años.

El IVIMA se gasta tres millones en seguridad para evitar "la ocupación ilegal"

Antonio, alcohólico, ha pintado en la entrada de su chiscón: "Ueco habitado"

Estos focos, además, se han convertido en un polvorín social. "Hay malestar vecinal", describe Pablo García Rojo, del PSOE, partido que ha llevado recientemente a los plenos municipales estos problemas. "Te encuentras una sorpresa con un foco de marginalidad en un sitio que no te esperas", insiste antes de denunciar que el Consistorio, por los litigios del Ivima, "ha descuidado sus deberes elementales de limpieza y de que vengan servicios sociales para ayudar a paliar la tensión que va creciendo".

Grupos bastante numerosos de toxicómanos, alcohólicos y personas sin recursos, mayoritariamente gitanos, han ido repoblando los asentamientos y colándose por las rendijas. Literalmente. En Hortaleza, por ejemplo, ocupan los minúsculos trasteros de algunos bloques en ruinas. "Los chungos están donde el Floren", dice uno de los 4.000 habitantes de la UVA, la única que se ha salvado de la demolición por un edicto de los arquitectos madrileños indultando las construcciones. Antonio, un "chungo" que se confiesa adicto al alcohol, ha pintado en la pequeñísima entrada de su chiscón una advertencia: "Ueco habitado". En su momento "llevaba una vida normal", dice, pero no quiere dar muchas más explicaciones. A su alrededor se acumula ropa sucia y botellas vacías de cerveza.

Todos los domicilios de estos poblados llevan escrita la advertencia de que allí vive gente. "En 48 horas se meterían personas si no lo haces y ponen un candado", explica Dolores, que añade: "Llevo años sin irme de vacaciones por miedo a que me entren en la casa o me la derriben en mi ausencia".

El Ivima, sin embargo, se gasta cerca de tres millones de euros en pagar a una empresa de seguridad para que evite "la ocupación ilegal de las viviendas y los garajes". Incluso algunos de los vigilantes "viven" en los pisos aún no entregados para evitar intrusos. Pero, según parece, sólo en los nuevos. Nada de eso sucede en los cuatro poblados supervivientes. No hay vigilancia.

"Yo creo que son las propias empresas las que traen a los okupas para hacernos más difícil la resistencia", sostiene Carmen, que aún mantiene, "aunque llena de grietas y humedades", su vieja casa del Alto del Arenal, en el 28 de la calle de Pont de Molins.

Elvira tiene a tres niños descalzos correteando sobre los escombros de Fuencarral. Ella no tiene contrato de ninguna clase. "Nos echaron de General Ricardos y nos colamos aquí", dice con bastante llaneza. Con la misma con la que habla con dos chicos del Ivima que están inspeccionando "cómo va el tema del poblado". Elvira les dice que ella también quiere una casa nueva, un realojo. "Me han dicho que tenemos posibilidades", cuenta con candidez.

Los dos chavales llevan un folio con casillas en las que apuntan cosas. Vienen de casa de Mercedes y Asunción Espinosa. "Están muy enfadadas, y lo pagan con nosotros", confiesa uno de ellos, un muchacho muy joven con el pelo enroscado en pequeñas coletillas. Es verdad. Mercedes y Asunción están enfadadas. "¡Esto es una vergüenza!", dicen las dos hermanas. Su abuela, "viuda de la guerra", llegó hace 50 años al poblado desde un asentamiento chabolista de Ventas. "Tenemos un contrato y la casa es ahora nuestra. No queremos cambiar nuestra casita por un piso en altura", dicen muy convencidas. Su vecina Lucía, de 50 años y 30 viviendo en Fuencarral, está de acuerdo, aunque los otros vecinos, los que aceptaron las condiciones del Ivima, les llamen "chaladas".

Así, al final el "malestar" vecinal tiene hasta tres vectores. Los vecinos que aceptaron las casas nuevas contra los que no. Los viejos ocupantes que resisten, contra los ocupas "rumanos, marroquíes y gitanos, que aunque yo no soy racista...". Los nuevos vecinos de la zona que no tienen nada que ver con el Ivima, contra todos por "degradar" los barrios.

"Nadie podía imaginar que estos lugares acabarían en el centro de la ciudad", sentencia el antiguo presidente del Colegio de Arquitectos, Ricardo Aroca. Después, libera una de esas carcajadas de pirata malo con las que le gusta cerrar sus juicios. "Se hace una gestión numérica y aquí el problema es de ingeniería social", concluye. Lo cierto es que la situación económica de los barrios en los que aún perviven estos poblados -los trozos sanos que quedan de ellos- es mucho mejor que hace 30 años. En Canillas, por ejemplo, las promociones de pisos incluyen la coletilla "de lujo" y cuestan más de 250.000 euros. Las casas cortadas son pequeñas islas entre edificios altos. No hay descampados, y los que hay están vallados. Las viejas viviendas se han quedado encorsetadas entre las nuevas.

La degradación avanza en los cuatro poblados. Ideados para realojar a chabolistas, 50 años después son casi los únicos núcleos de aspecto chabolista del centro de Madrid. "Paradojas de la Administración", vuelve a reírse con fuerza Aroca. Mientras tanto, la batalla de las casas cortadas continúa. Y los únicos que parecen satisfechos son las ratas y las empresas de demolición.