Problemas de familia

"Energúmeno" y "mico". Así denominó el ex ministro de Exteriores Abel Matutes al ecologista Albert Prats, por ser contrario a las polémicas autovías de Ibiza, que gestionaba su hija Estela Matutes, cuando era consejera del consejo insular. El ex ministro y empresario aseguró que Prats debía ser "exhibido en un zoológico o un circo". Tras las elecciones, Albert Prats ocupa, precisamente, el despacho de Estela Matutes, porque es el nuevo consejero de Medio Ambiente en el Gobierno del PSOE-Eivissa pel Canvi. Ibiza votó y determinó el cambio en Baleares.

El PP y los Matutes, tradicionales potentados insulares con negocios en medio mundo, han perdido el poder político en su feudo de Ibiza y, al tiempo, han sufrido otro revés; la Fiscalía ha denunciado a Estela Matutes en una causa por supuesta corrupción que afecta a otros tres cargos conservadores.

Un Matutes pasará por un juzgado como imputado. Estela, según el escrito del fiscal Adrián Salazar, mientras era consejera, votó un plan urbanístico de Ibiza adaptado a un contrato privado de venta de terrenos que "beneficia directamente a sociedades en las que ella y sus familiares tienen interés económico directo". La acusación cita los supuestos delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

El patriarca de la estirpe Matutes, que apela siempre a "las buenas gentes de Ibiza", desarrolló los negocios familiares y su carrera política en paralelo. Desde los años setenta, Abel Matutes fue alcalde de Ibiza con Franco, senador y diputado con Manuel Fraga, comisario de la UE y ministro con José María Aznar.

Con 300 años de actividad en Ibiza, los Matutes son navieros, banqueros, constructores, principalmente hoteleros y tienen un gran capital latente, son terratenientes. Hasta poseen un islote privado, Sa Conillera. El escándalo judicial estalla por la venta para su explotación inmobiliaria a Realia Bussines de unas parcelas de 75.000 metros cuadrados, situadas ante el mar -y el islote-, por más de 26,4 millones.

"El asunto está bien atado", aseguran conocedores de los intestinos jurídicos y urbanísticos del caso, abierto tras el 27-M. El fiscal Adrián Salazar trabó la acusación durante meses de investigación y con datos proporcionados por el Grupo de Estudios de la Naturaleza GEN, al que está relacionado el activista y ahora consejero Albert Prats.

Los Matutes vendieron los solares a expensas de una decisión política del PP, con "una condición suspensiva consistente en la aprobación y publicación del plan territorial de Ibiza antes de tres años y que dicho plan establezca que el suelo pase de nuevo a ser apto para urbanizar". Las posibilidades de construcción se multiplicaron. La edificabilidad creció más del 200%.

Dicho, escrito y hecho. Estela Matutes, copropietaria a la vez que consejera aprobó el plan territorial, que contempló, anota el fiscal, "una modificación ilegal y arbitraria del uso urbanístico de unos terrenos". Votó a favor de la modificación especificada, "que entrañaba la obtención de notables plusvalías económicas" para su familia. Los Matutes y Realia pactaron además lanzar juntos un gran puerto deportivo anejo en Sant Antoni, rubricado en el plan.

El cambio político de Ibiza y Baleares y la causa judicial pone en dificultades algunos de sus negocios proyectados, entre ellos, un campo de golf en playa d'en Bossa, con 200.000 metros cuadrados de tierras de las expropiaciones de las autovías por las que un juez investiga un supuesto enriquecimiento ilícito.

El golf de Matutes se debe regar con aguas depuradas, cuyas conducciones fueron subvencionadas para uso de una comunidad de regantes agrícolas. Matutes lidera, es el principal dueño de los ya ex huertos. El gobierno de Aznar de 1996 y el último de Baleares de Jaume Matas de 2007 acordaron resoluciones sobre el golf. Otro megaproyecto que baila mal es el puerto deportivo de Es Viver, cerca de donde se hundió el Don Pedro, que contaminó con fuel una parte de la costa de Ibiza.