Reportaje:

Cómo construir una casa y cometer dos delitos

Más de la mitad de las viviendas ilegales detectadas en la provincia de Cádiz utilizan certificados falsos de obra

En las oficinas de la Policía Autonómica en Cádiz se guarda, casi como una reliquia, el primer atestado sobre viviendas ilegales que este cuerpo de seguridad detectó con el método de falsificación de certificado de obra nueva. Fue en octubre de 2003. Desde entonces, los agentes han comprobado que bajo esa fórmula se han tratado de legalizar muchas más casas en la provincia gaditana. De hecho, más de la mitad de los 240 delitos por casas irregulares descubiertos por la Policía Autonómica en los últimos cuatro años utilizaron estos documentos falsificados. Aquel primer caso acaba de recibir sentencia. Los promotores y el arquitecto han sido condenados. Es el primer fallo judicial en este sentido que dicta la Audiencia Provincial de Cádiz.

Condena al arquitecto y los promotores del primer caso que se detectó en Cádiz

En diciembre de 2002, Antonio R.G. compró una parcela en El Marquesado (Puerto Real). La finca estaba en suelo rústico y en ella sólo existía una caseta de labranza. En 2003 la compra de esos terrenos se documentó en escritura pública par José Emilio A.G.. En esa operación aparecía un certificado de obra que habían solicitado ambos promotores y que firmaba el arquitecto Antonio F.V. El profesional constataba la existencia de una vivienda de 194 metros cuadrados y databa su antigüedad en 1998, más de cuatro años antes, tiempo suficiente para que el delito urbanístico por construir en suelos no permitidos hubiera prescrito, por lo que la casa era legalizable. De hecho, los dos promotores dividieron la finca y construyeron dos chalés, que llegaron a vender. La Policía Autonómica se hizo cargo del caso y pudo averiguar que el sostén legal al que se agarraban los originarios propietarios, el certificado de obra, estaba falsificado. La Audiencia Provincial notificó esta semana la sentencia que condena a promotores y al arquitecto por un delito contra la ordenación del territorio, estafa y falsedad documental.

Para la Policía Autonómica este fallo judicial es algo más. Es el resultado de aquel primer caso detectado hace ahora más de cuatro años, pero también la constatación de que el esfuerzo investigador realizado desde entonces comienza a dar sus frutos. "Te llena de satisfacción ver que lo que has instruido lo has hecho bien", explica orgulloso el inspector Álvaro de Ory, jefe del grupo operativo del área de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Policía Autonómica en Cádiz. En el grupo trabajan siete agentes apoyados por otros seis. Funcionan como policías judiciales. En su labor ha desarrollado los métodos de investigación y han mejorado los medios, con un potente equipo informático para el rastreo de las casas ilegales.

Su trabajo ha permitido desde 2003 detectar 240 delitos relacionados con el urbanismo e imputar a 330 personas. Según De Ory, más de la mitad de los casos utilizan ya el método de falsificación de certificado de obra para tratar de legalizar lo construido irregularmente. También se usa lo que se conoce como proindivisos, consistentes en dividir parcelas unitarias, o reconstrucciones, levantar nuevas edificaciones con la excusa de una rehabilitación.

En estas operaciones es necesaria la participación de arquitectos técnicos o aparejadores, que sellen esos certificados falsos. Los investigadores calculan que pueden llegar a cobrar 6.000 euros por cada uno. El colegio profesional que los ampara ya ha tomado medidas. Los certificados de obra nueva requieren ahora de más pruebas documentales, como fotografías aéreas que antes no se demandaban. "Hay muchas viviendas ilegales pero el 99% de los arquitectos cumple la ley. Los otros son garbanzos negros", defiende el presidente del colegio, José Arcos. Una circunstancia que corrobora la Policía Autonómica que ha visto repetirse los nombres de unos pocos arquitectos técnicos en multitud de casos descubiertos además en diferentes municipios.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

La primera sentencia ha condenado a los promotores a seis meses de prisión por el delito contra la ordenación del territorio. Por falsedad documental deberán pagar tres meses de multa con cuota diaria de seis euros, lo mismo que el arquitecto. Una condena que la Fiscalía reconoce como leve pero que cambiará. En los nuevos casos de certificados falsos de obra el Ministerio Público ya está reclamando hasta dos años de cárcel.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS