El fiscal acusa a un ex alcalde de adjudicar a su empresa la construcción de pisos en terreno no urbanizable
La Fiscalía de Lleida solicita para Jacint Tribó, ex alcalde pedáneo de Gerb (Noguera), un año y medio de prisión, una multa de 12.000 euros y 11 años y medio de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público como presunto autor de un delito contra la ordenación del territorio por la concesión de licencias urbanísticas contrarias a la normativa y por cometer actividades prohibidas a una autoridad pública. Según la fiscalía, el ex edil adjudicó a una empresa suya la construcción de pisos en terreno no urbanizable.
Tras más de seis años de investigaciones judiciales, la acusación contra el independiente Tribó se fundamenta en irregularidades cometidas entre 1997 y 2000, cuando era presidente de la Entidad Municipal Descentralizada de Gerb, núcleo perteneciente a Os de Balaguer, municipio que en esas fechas no tenía ningún instrumento de planificación urbanística. El 17 de octubre de 1997, Tribó aprobó una propuesta para edificar viviendas en suelo no urbanizable.
Un mes más tarde, Tribó constituyó la sociedad mercantil Proms-Kidalman, con el objeto social de promover, construir, vender y arrendar toda clase de fincas rústicas y urbanas, terrenos, edificios y locales comerciales. En junio de 1998, el pleno de Gerb aprobó por unanimidad conceder una licencia de urbanización a esta empresa para la construcción de siete viviendas unifamiliares adosadas en terrenos no urbanizables, en la calle de Josep Llari, y para otras siete casas en la misma calle. Según la fiscalía, el acusado intervino en dicho pleno y no se abstuvo en la votación a pesar de tener un interés directo en la cuestión. Asimismo, la licencia se otorgó conociendo que era concedida por un órgano incompetente en la materia. Un mes después, el pleno de Gerb autorizó a la misma constructora la segregación de siete parcelas, también con intervención del entonces alcalde pedáneo.
La Generalitat detectó en julio de 1998 la urbanización y envió un oficio al alcalde de Os de Balaguer para recordarle que las obras eran ilegales. Sin embargo, la constructora continuó los trabajos y un año después los técnicos del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas comprobaron que siete viviendas estaban ya construidas y las otras siete estaban en fase de ejecución, por lo que denunciaron los hechos. En 2000, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró nulos los acuerdos del consistorio de Os de Balaguer y también las licencias de obras concedidas por vulnerar la ley. Tribó dejó de ser representante municipal de Gerb el pasado 27 de mayo.
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