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Reportaje:

Una ley para tratar los montes como si fueran su piso

El PP rechaza enmendar la norma que impide a los agentes forestales entrar en bosques privados

Soledad Alcaide

"Vengo en auxilio urgente de la presidenta", anunció ayer el diputado socialista Modesto Nolla. Acababa de subir al estrado para defender la enmienda a la totalidad presentada por su grupo al proyecto de ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno.

Una norma que, antes de que sea aprobada el próximo 25 de julio, comenzó su discusión en la Cámara regional con amplios sectores en contra de muchos de sus preceptos. Además de los grupos de la oposición (PSOE e IU), se han pronunciado en contra los grupos ecologistas, los agentes forestales, los ayuntamientos gobernados por la izquierda y hasta el Ministerio de Medio Ambiente, que acudirá al Tribunal Constitucional si se aprueba. Todo apunta a que así será, porque ayer el PP tumbó las enmiendas de la oposición con sus 67 diputados frente a los 53 de la oposición (42 socialistas y 11 de IU).

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Nolla recordó que había sido la propia presidenta, en su discurso del debate de investidura, la que había reclamado a los grupos que en su labor de oposición la ayudaran "para no caer en la arrogancia y la prepotencia". "Vengo a auxiliarla", anunció con sorna, "porque la modernización para el PP consiste en eliminar los avances conseguidos en la Administración en las últimas décadas".

De ahí en adelante, llegó el aluvión de críticas al proyecto, que recoge reformas para una decena de leyes regionales, entre ellas la Ley del Suelo. En su intervención, Nolla dejó claro al PP que, si su intención de aprobar la primera ley de esta legislatura en pleno julio (tradicionalmente inhábil) era aprovecharse de un Partido Socialista debilitado por su crisis interna, había errado. "Este proyecto es una irresponsabilidad", espetó. "Cuando su obligación es la de dirigir a los agentes forestales en su trabajo, lo que quieren es asegurar la impunidad de los grandes propietarios".

La reforma de la ley impone ahora a los guardas la obligación de tener autorización judicial para entrar en una finca particular. Esto, según Nolla, impedirá que no "puedan averiguar si se levanta en ella una propiedad ilegal o si se producen vertidos ilegales".

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En la tribuna de invitados, media docena larga de agentes forestales seguían el debate que tanto les afecta. Fuera, dos centenares de guardas, que llevan varios días de movilizaciones, les pusieron punto final concentrándose ante la Asamblea.

Aunque en la Cámara la Ley de Modernización la defendió el vicepresidente regional, Ignacio González, por la mañana lo hizo ante los medios la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que afirmó que los agentes forestales "no tendrán ni más ni menos que cualquier agente de la autoridad", que necesitan de autorización judicial para entrar en una propiedad privada.

Eso le valió a Nolla para acusar al PP de confundir el domicilio con la propiedad privada. "¿Van a prohibir también a los inspectores de consumo que entren en los bares?", lanzó. Recordó que la Constitución protege la "inviolabilidad del domicilio, no de la propiedad privada", y agregó que "las fincas a las que acceden los agentes no son domicilios, salvo que consideren que es el de las águilas imperiales a las que protegen".

El único argumento que encontró el portavoz del PP, Antonio Beteta, para contrarrestar esta afirmación fue recordar que un Gobierno socialista, el de Felipe González, fue el autor de la famosa ley de la patada en la puerta o ley Corcuera. "¿Qué respeto era ése a la propiedad y la inviolabilidad?", se preguntó el diputado popular, que defendió a ultranza el proyecto de ley y no encontró mácula que reprocharle.

El único que volvió a hablar de consenso ayer en la Cámara fue el portavoz adjunto de IU, Gregorio Gordo, al defender la enmienda a la totalidad de su grupo. Lanzó una propuesta, ignorada por el PP, para sentarse todos los grupos parlamentarios con la Federación de Municipios de Madrid, los promotores, los sindicatos y el Colegio de Arquitectos para discutir la futura reforma de la Ley del Suelo. "No hemos descubierto lo que moderniza esta ley, pero sí que modifica la Ley del Suelo de forma parcheada en perjuicio de los ayuntamientos", justificó Gordo."¿Le parece muy rojo, muy radical, separatista?", planteó con guasa sobre su propuesta. "Sólo le pido que baje al mundo del diálogo".

El diputado de IU también fue el primero en advertir que la futura ley contempla que los planes generales sean aprobados con un informe de impacto territorial favorable, pero todavía no existe un plan de estrategia territorial que defina de manera objetiva los usos del suelo. "¿No sería necesario elaborar antes el Plan de Estrategia Territorial? Porque los ayuntamientos agradecerían más saber a qué atenerse", recalcó.

Esta vez no hubo más mano tendida que la que tuvieron que alzar los diputados para votar, porque se había estropeado el sistema electrónico del hemiciclo. Y por el número de brazos en alto del PP, la primera ley de Aguirre en esta legislatura, como dijo Gordo, debía llamarse: "Ley de Exaltación de las Mayorías Absolutas del PP".

Manifestación de los agentes forestales contra la nueva ley de Aguirre.
Manifestación de los agentes forestales contra la nueva ley de Aguirre.EFE

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Sobre la firma

Soledad Alcaide
Defensora del Lector. Antes fue jefa de sección de Reportajes y Madrid (2021-2022), de Redes Sociales y Newsletters (2018-2021) y subdirectora de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS (2014-2018). Es licenciada en Derecho por la UAM y tiene un máster de Periodismo UAM-EL PAÍS y otro de Transformación Digital de ISDI Digital Talent. 

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