Porro acusa al alcalde de Vigo de manejos en torno al auditorio

Corina Porro y José Manuel Figueroa, portavoces del grupo popular en el Ayuntamiento de Vigo, acusaron ayer al alcalde, Abel Caballero, de ocultos manejos en relación con la construcción del auditorio, cuyo proyecto, con la firma de César Portela e Idom Ingeniería, rechazan tanto el alcalde como la concesionaria, Pazo de Congresos, SA, por haber duplicado casi el presupuesto inicial, que pasa de 82,4 millones de euros del proyecto básico a los 151,3 millones del constructivo, sin contar los 3,2 millones de la demolición de Casa Mar, en cuyo solar se construirá.

"Va a ser capaz de cargarse el proyecto más importante de Vigo por defender intereses privados, no de la ciudad", afirmó de Caballero la ex alcaldesa Corina Porro, que acusó al PSOE de poner "sólo zancadillas" en el proceso. "Aquí aparecen los mismos nombres que en los macroproyectos del puerto, y todos tienen que ver con el PSOE", añadió. Fueron citados el arquitecto y ex alcalde de Santiago Xerardo Estévez, el ex alcalde vigués Carlos González Príncipe, el sindicalista y actual concejal Santos Héctor y el abogado Matías Movilla.

La actuación del gobierno Porro fue "impecable" en todo el procedimiento, según Figueroa, que acusó a Caballero de ser "cómplice de la concesionaria y de los arquitectos" por atribuir al anterior gobierno, "con calumnias y difamaciones", el impasse del proyecto. "Y si él dice que lo va a arreglar, algo tiene que haber detrás; si aprueba el proyecto como lo presentan ahora, se cometerá un fraude, y si no lo aprueba, acaso sea porque no tiene interés en que salga adelante y quiera convocar un nuevo concurso de adjudicación, con lo que habrá manipulado políticamente a la opinión pública".

70 millones más

César Portela nunca dio muestras, en las reuniones que Porro y Figueroa mantuvieron con él, de que los costes del auditorio iban a crecer 70 millones, según aseguraron ayer. Carlos López Font, el portavoz socialista, expresó luego su convicción personal de que sí estaban informados, por el arquitecto o por la concesionaria. "No quisieron trasladar esos problemas porque estábamos en campaña electoral", señaló. "Cuando menos, debieron haberse preocupado por la obra cuando pospusieron la presentación del proyecto constructivo".

El estudio de viabilidad y la adjudicación del concurso en todas sus fases se producen durante el gobierno de Corina Porro, por lo que carece de sentido remontarse a fechas anteriores a 2004, dijo Font. Convendría reconocer, según él, que "el concurso estuvo mal planteado", máxime con la "singularidad" de separar el proyecto económico de la concesionaria y el técnico de los arquitectos. "Si ahora resulta inviable por no existir confluencia y hay que convocar nuevo concurso, ¿de quién es la responsabilidad?", se preguntó. El alcalde se reunirá hoy con la concesionaria para aclarar la situación.