El Constitucional acusa al Gobierno valenciano de recurrir el Estatuto andaluz para erosionar el catalán

El Tribunal Constitucional asestó ayer un duro golpe al Gobierno valenciano (PP) al acusarlo de recurrir el sistema de financiación del Estatuto andaluz (defendido por el PP en esa comunidad) con el único objetivo de cuestionar la constitucionalidad del Estatuto catalán, ya recurrido por ese mismo partido. En el auto por el que no admite a trámite el recurso del Ejecutivo de Francisco Camps, el alto tribunal califica de "extravagante" la pretensión de impugnar un precepto que el propio escrito considera plenamente constitucional. En realidad, el recurso trata de lograr "otra interpretación, esta vez de inconstitucionalidad, de un precepto diferente de otro Estatuto de Autonomía [el catalán] que ya fue recurrido en tiempo y forma", sostienen los magistrados en su resolución.

El recurso presentado por la Comunidad Valenciana contra el Estatuto andaluz solicitaba que el alto tribunal realizase una "interpretación constitucional" sobre la "incongruencia" que, a juicio del Gobierno de Camps y del PP, existe entre el sistema de financiación recogido en ese Estatuto (basado en la población y apoyado por el PP de Andalucía durante su tramitación parlamentaria) y el del Estatuto catalán, basado en la aportación catalana al PIB nacional.

Al mismo tiempo, el recurso de inconstitucionalidad, que no indicaba qué artículo de la Constitución vulneraba el Estatuto andaluz, se declaraba partidario del sistema de financiación que establece. "En términos de vinculación al principio de solidaridad, esta representación [la de la Comunidad Valenciana] considera mucho más adecuado acudir a la variable población que a la variable producto interior bruto [el sistema previsto en el Estatuto catalán]" , decía el recurso valenciano, presentado el pasado junio. "Es claro que, se adopte la variable que se adopte, ésta debe ser la misma en todos los Estatutos, so pena de que éstos caigan en una contradicción que les haga irracionales y, por ende, arbitrarios", manifestaba el escrito para fundamentar su petición.

El hecho de que el Gobierno valenciano intente revocar un precepto que en realidad considera ajustado a derecho es lo que sirve al tribunal para no admitir a trámite el recurso, algo inusual en los recursos presentados por las comunidades autónomas. "El escrito explícitamente considera que el precepto estatutario impugnado es plenamente constitucional", aseguran los magistrados en su auto. Por esa razón, el tribunal considera que el demandante, es decir, el Ejecutivo de Camps, "no cuestiona ante este Tribunal el precepto recurrido, sino lo dispuesto en el mencionado precepto del Estatuto de Autonomía de Cataluña".

Así, la petición que contiene el recurso, "resulta extravagante y ajena a la jurisdicción constitucional", prosiguen los magistrados. "No sólo no se compadece con el objeto propio de un recurso de inconstitucionalidad en la medida en que la propia demanda lo considera ajustado a la Constitución", sino que trata de buscar "otra interpretación, esta vez de inconstitucionalidad, de un precepto diferente de otro Estatuto de Autonomía que ya fue recurrido en tiempo y forma