Carencias investigadoras

Bienvenida la reciente aprobación del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, que orientará el esfuerzo en este campo durante el periodo 2008-2011. Pero es preciso que se cumplan algunas condiciones de base para que llegue a buen puerto. Una, fundamental, es que aumente la financiación pública y privada en I + D. En el caso de la privada, cuando la Unión Europea fijó en Lisboa sus objetivos estableció que la proporción de recursos dedicados a la investigación fuera de dos tercios del total, siendo el otro tercio responsabilidad de las administraciones públicas. Pero en España ni siquiera llega a la mitad, y esa escasez influye en todo el sistema.

Otro problema es la propia gestión de los recursos humanos. Se anuncia un programa, el Severo Ochoa, para incorporar científicos e investigadores que trabajan actualmente en el extranjero. Se trata de un objetivo importante, y hasta que nuestra comunidad científica no acoja con naturalidad a estudiosos de otros países no estará a la altura de lo que hoy es exigible. Pero antes hay que resolver problemas básicos, como la inaudita dificultad, que roza lo grotesco, para reconocer titulaciones extranjeras y permitir que participen de forma regular en nuestros procesos de selección. O, en lo que al personal propio se refiere, la rigidez en su reclutamiento, contratación, promoción o remuneración, especialmente en organismos de investigación cuyo personal está encuadrado en base a las categorías generales de la función pública, nada adecuadas al perfil investigador.

El progreso investigador español a partir de los años ochenta es reconocido por todos. Sin embargo, una persistente carencia de este proceso es la falta de impacto de los trabajos académicos en el tejido productivo. Es algo que necesita corrección porque, de no hacerse, dejará de rentabilizarse gran parte del esfuerzo invertido. El Programa Ingenio 2010, en el que se inserta el Plan Nacional, ha incorporado nuevas formas de integrar empresas y mundo académico, pero es preciso insistir en este punto. De nuevo convendría remover obstáculos básicos, como por ejemplo las dificultades derivadas de la conjunción de la normativa sobre Incompatibilidades, Contratos del Estado y Función Pública, para la creación de empresas innovadoras a partir del trabajo desarrollado por investigadores en el ámbito público. Facilitar y fomentar este tipo de iniciativas favorecería el tejido productivo.