Fin a la opacidad en las ayudas agrícolas

Grandes terratenientes, miembros de la nobleza e importantes grupos inmobiliarios son los principales perceptores de las subvenciones comunitarias de la Política Agraria Común (PAC) en Andalucía que la Consejería de Agricultura ha publicado por vez primera. La Junta cumple así con su compromiso de dar transparencia y divulgar la identidad de los beneficiarios por entender que existe un problema de "legitimación social", ya que el 0,93% de los titulares de las ayudas acaparó el 20% de las subvenciones en el periodo 2003-2005.

Entre los más favorecidos aparecen nombres como la familia Mora Figueroa Dómeq, la duquesa de Alba, el duque del Infantado o la inmobiliaria Osuna. Casi la mitad de los 100 principales beneficiarios son de la provincia de Sevilla.

La familia Mora Figueroa Dómech encabeza la lista con 2,7 millones de euros

La familia Mora Figueroa Dómech encabeza la clasificación de beneficiarios de ayudas comunitarias, con un total de 2.793.942,55 euros que cobrará su sociedad Complejo Agrícola S.A. domiciliada en Véjer de la Frontera (Cádiz) y dedicada a la agricultura y la ganadería. Es, con diferencia, el principal perceptor de subvenciones de la PAC del año 2006 en Andalucía, pues casi duplica a sus perseguidores. No obstante, en el listado de las 100 ayudas más cuantiosas, al que ha tenido acceso este periódico, figuran los nombres de varias sociedades controladas por el mismo dueño, es decir, que un mismo perceptor ha tenido ingresos por distintas vías.

Entre los 20 primeros beneficiarios -todos ellos con subvenciones por encima del medio millón de euros- aparecen sociedades vinculadas a la nobleza, como el duque del Infantado o la duquesa de Alba. También aparecen los nombres de conocidas explotaciones agrarias y ganaderas, como las de los empresarios Hernández Barrera, López de la Puerta o Martínez Sagrera. En el puesto número siete aparece el promotor inmobiliario Nicolás Osuna y nueve puestos más abajo una sociedad radicada en Madrid, León Urquijo, que también tiene en el negocio inmobiliario su principal actividad.

Aunque no figuran entre los 20 primeros perceptores, también destacan como beneficiarios de ayudas agrícolas nombres como los de Mario Conde, el ex ministro Arias Cañete o el empresario taurino Martín Berrocal. Éste último fue condenado a principios de este año a dos años y medio de prisión por falsedad al cobrar de forma ilegal más de 300.000 euros en ayudas agrícolas en los años 1996 y 1997.

El listado en cuestión corresponde al régimen de pago único, un nuevo sistema de ayudas que desvincula las ayudas de la producción y que tiene en cuenta los derechos históricos del agricultor para el periodo de referencia del trienio 2000-2002, a excepción del aceite de oliva, donde el periodo se amplía al cuatrienio 1999-2003. En total, la Junta ha repartido por ese sistema 1.150 millones de euros. El resto, hasta completar los 1.820 millones que va a recibir la agricultura y ganadería andaluza de la Unión Europea, corresponde a las ayudas agroambientales y, finalmente, otra parte a la ayuda acoplada, es decir, vinculadas al cultivo o al mantenimiento de cabezas de ganado en la explotación. El porcentaje de pago acoplado oscila entre el 5% del olivar, el 35% del algodón, el 40% de la ganadería ovina y caprina o el 60% del tabaco. Por este motivo, los beneficiarios del sistema de pago único (la Junta ha abonado ya el 99%) incrementarán sus subvenciones con las ayudas acopladas y las de carácter agroambiental.

Varias organizaciones agrarias y partidos políticos han criticado el actual modelo de reparto de ayudas por entender que desincentiva la producción y potencia la especulación. "Los subsidios los acaparan las explotaciones de mayor dimensión económica y muchos de los beneficiarios de las ayudas ni siquiera llegan a producir; es un modelo insostenible social y políticamente", manifiesta el diputado socialista José Pliego, que preside la Comisión de Agricultura del Congreso.

Pliego cree necesario revisar el actual modelo de ayudas e implantar una nueva redistribución "que tenga en cuenta la realidad social y laboral de las explotaciones y donde se apoye el desarrollo rural".

Con todo, el PSOE pide el mantenimiento de la PAC, aunque aboga por su urgente revisión. Y es que se calcula que el 30% de las rentas que obtiene el agricultor proviene de las subvenciones. El 86% de los beneficiarios son pequeños agricultores con rentas agrícolas inferiores a 10.000 euros al año.

También la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) rechaza el modelo actual. "No puede ser que las subvenciones sirvan para incremento de patrimonio de unos pocos; tienen que ir al desarrollo del medio rural y a fijar la población", subraya Agustín Rodríguez, secretario general de UPA en Andalucía. Según un informe de la oficina de Eurostat de la Unión Europea, la situación de desequilibrio en el reparto de las ayudas se hace aún más patente en Andalucía, donde menos de 3.000 de los 318.000 agricultores que el último año tuvieron derecho a ayudas agrícolas de la UE se llevaron una quinta parte de todo el presupuesto.