La Generalitat pretende aprobar el Pacto por la Vivienda antes de agosto

El acuerdo prevé la construcción de 160.000 pisos de protección social

Como ya no hay tiempo para aprobar la Ley del Derecho a la Vivienda en el Parlament antes del mes de agosto, el Gobierno catalán quiere irse de vacaciones con el Pacto Nacional por la Vivienda firmado por todos los agentes sociales. El lunes presentará la tercera versión del texto a sus interlocutores, según fuentes del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, y pretende que lo firmen durante la semana del 23. La fecha que se baraja es el miércoles 25. Pero algunos negociadores cuestionan aprobar el pacto antes de que el Parlament haga lo propio con la ley.

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La Ley del Derecho a la Vivienda y el Pacto Nacional por la Vivienda son dos textos distintos, pero su negociación depende, en buena parte, de los mismos interlocutores. En el caso de la ley, que arrastra casi dos años de negociaciones, son los partidos del tripartito y la oposición, con las presiones del resto de agentes implicados en el sector: sindicatos, cooperativas, constructores, agentes de la propiedad o consumidores.

Para firmar el Pacto por la Vivienda -instrumento que busca lograr la complicidad de todos los agentes para afrontar el problema de la vivienda desde todos sus frentes y crear 160.000 pisos de protección- se trata de consensuar el texto entre todos ellos. Desde el Ejecutivo han repetido una y mil veces que son dos herramientas complementarias pero distintas, y pretenden que su negociación vaya por caminos diferentes. Pero no todo el mundo lo ve así, sobre todo porque el texto del pacto hace constantes referencias a la ley.

La Asociación de Promotores y Constructores (APCE), por ejemplo, ha explicado en varias ocasiones que no está dispuesta a firmar un texto -el del pacto- que depende de otro -el de la ley- que no está cerrado. También desde la oposición, CiU vincula ambas negociaciones.

Encallados

Prueba de que en las dos ensaladas los ingredientes son los mismos es que ambos textos están encallados en idénticas cuestiones. Entre los aspectos peliagudos destacan las reservas de suelo para levantar pisos protegidos, el plazo de protección de estas viviendas sociales, su sistema de adjudicación, la expropiación de pisos vacíos o las políticas de apoyo al alquiler.

Dolors Clavell, diputada de ICV y ponente relatora de la ley, que es quien discute las enmiendas del texto con los partidos de la oposición, explica que en las últimas semanas "se están trabajando redactados alternativos a los temas más delicados" con el objetivo de poder convocar antes de fin de mes la reunión que debe aprobar el dictamen que permitirá que la ley se vote el próximo 3 de octubre. Después de vacaciones, en septiembre, hay dos plenos del Parlament, pero se dedicarán al Debate de Política General, de modo que el primer pleno ordinario no se celebrará hasta octubre. Cuestiones parlamentarias que escapan a la mayoría de ciudadanos, pero contribuyen a la sensación de que la aprobación de una ley es el cuento de nunca acabar.

Entre los temas delicados figura el plazo de protección de las viviendas sociales. Esto es, cuántos años deben pasar para que sus adjudicatarios las puedan vender en el mercado libre. Inicialmente, la ley preveía un plazo de 90 años y se consideraba uno de los puntos irrenunciables. Pero con la nueva Ley del Suelo estatal en vigor, explica Clavell, los grupos que apoyan al tripartito entienden que "deja de tener sentido la protección de los pisos, porque es el planeamiento urbanístico el que fija el destino del suelo y, por tanto, de los pisos que se construyan en él". Esta reorientación, manifiesta Cavell, "no se puede interpretar como un desistimiento". "Uno de los objetivos de la futura Ley del Derecho a la Vivienda es el de crear un parque estable de pisos protegidos y no los podemos perder por el camino", insiste.

El diputado Carles Sala, de CiU, que negocia tanto el texto de la ley como el del pacto, destaca otra de las cuestiones que tienen encallada la ley: "No hay acuerdo en el tema del alquiler forzoso

". Y su partido lo considera un punto irrenunciable.

CiU tampoco es partidaria de los 90 años de protección; les parece mucho tiempo. "Hablamos de un mínimo de 30 y, aunque no fijamos un plazo, 90 años nos parecen demasiados", dice Sala, quien insinúa que "hay otras dos cuestiones" en las que aspiran a "modificar el redactado". "Son cuestiones esenciales", concluye antes de afirmar que del pacto no quiere hablar. Fuentes de su partido aclararon la semana pasada que "la negociación está encallada" y que ante el deseo de que la negociación avance prefieren mantener discreción.

El PP no respondió a las preguntas de este diario sobre su posición sobre la ley y el pacto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 14 de julio de 2007.

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