El Círculo de Economía pide la supresión de la Audiencia Nacional

La justicia debe ser una prioridad política. Lo reclamó ayer el Círculo de Economía en un documento en el que se asegura que el grado de seguridad jurídica que existe en una sociedad incide en el buen funcionamiento del mercado y en su mayor progreso económico. Por eso, proponen 10 medidas concretas. Entre ellas, la supresión de la Audiencia Nacional o su reducción a los delitos de terrorismo.

"En España hay muy buenos jueces, pero es inadmisible que a algunos les revoquen más de la mitad de las sentencias. Ésos no pueden seguir en la carrera". Así de expresivo se mostró el presidente del Círculo, José Manuel Lara, y por eso reclamó que la próxima legislatura sea la de la reforma a fondo de la justicia. Es un tema muy manido, pero ayer ese foro propuso actuaciones concretas "para generar debate social, dijo el notario Juan José López Burniol.

- Consejo General del Poder Judicial. Establecer un sistema de designación de los vocales que huya de la "endogámica corporativa", y que evite reproducir la relación de fuerzas políticas de las Cortes. Los candidatos deberían someterse a una "rigurosa evaluación previa" de los diputados y el presidente del Consejo debería comparecer periódicamente ante las cámaras. Los vocales que vulneren sus obligaciones deberían ser destituidos.

- Responsabilidad de jueces y fiscales.

"Uno de los déficit más graves de la democracia española" es que no se exige responsabilidades a jueces ni fiscales. Eso erosiona el sistema y es necesario establecer una "vigilancia" para evitar que ejerzan su poder con discrecionalidad.

- Nuevo sistema de acceso a la judicatura. El actual es obsoleto porque se basa únicamente en la oposición memorística. Debería considerarse, además de la escrupulosa formación, la "experiencia profesional y la madurez de la personalidad", porque es un trabajo vitalicio.

- La Audiencia Nacional. Suprimirla o reducir sus competencias a los delitos de terrorismo, porque es una excepción a la organización judicial.

- Leyes procesales. Simplificarlas y modernizarlas en todas las jurisdicciones porque sus "anacronismos y formalismos " facilitan la "inaceptable lentitud" del proceso con maniobras dilatorias de los abogados.

- Medios personales y materiales. Fomentar la estabilidad de jueces, secretarios y funcionarios, con aumento de la productividad siguiendo los criterios de organización y eficiencia de los servicios públicos. Crear un modelo de oficina judicial adaptado a cada realidad y promover "sin dilación" la incorporación de la tecnología de la información en los procedimientos judiciales, como ocurre con éxito en otras administraciones.

- Los organismos reguladores.

Evitar su instrumentalización política, como ocurre con el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Para ello, los mandatos legales deberían ser precisos, quienes ocupan los cargos deberían ser examinados a fondo y rendir cuentas. Han de abrirse a profesionales de prestigio y los presidentes deberían repetir.