Sandokán, primera prueba para IU y PSOE en Córdoba

Fue el principio de la ruptura de relaciones entre PSOE e IU en el Ayuntamiento de Córdoba a finales de 2005. Ahora las naves que Sandokán levantó sin permisos amenazan con convertirse en el principal escollo entre la federación de izquierdas y los socialistas, que gobiernan juntos la ciudad. Aquel asunto, que desembocó en una comisión de investigación que se cerró sin conclusiones conjuntas de los políticos, está todavía abierto.

Fue en diciembre de 2005 cuando IU y PP aprobaron en un consejo de Urbanismo un plan especial que daba cobertura legal a las cuatro enormes naves industriales que el empresario Rafael Gómez levantó a las afueras de Córdoba. Sandokán, como se conoce popularmente a este constructor imputado en la operación Malaya, no esperó a tener las licencias oportunas para edificar esas instalaciones de 53.000 metros cuadrados. Fue una estrategia de hechos consumados del constructor. IU, que gobernaba en solitario Córdoba, y PP, principal fuerza de la oposición, aprobaron aquel plan pese a los informes negativos de las consejerías de Cultura y Obras Públicas. Y la Junta de Andalucía lo mantiene todavía recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Dos años después, aquel problema no se ha esfumado. Cada dos por tres se denuncia en la prensa local que en las naves, ideadas para la venta al por mayor, se está comerciando, pese a que las instalaciones no tienen licencia para hacerlo. Ahora Gómez ha vuelto a solicitar al Ayuntamiento que se le permita operar allí. Ha presentado un segundo proyecto de actuación que se estudiará en el consejo de Urbanismo del próximo miércoles.

Antes de empezar a negociar el pacto de gobierno con IU, los socialistas señalaron que éste sería uno de los principales escollos del futuro. Por su parte, la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), ya ha mantenido contactos con la Consejería de Obras Públicas para intentar desbloquear el problema.

El recurso de la Junta contra el plan que permitía la regularización de las naves continúa en el TSJA. Pero este órgano judicial se negó aplicar medidas cautelares, por lo que su tramitación puede continuar adelante. Y Gómez lo sabe. Por eso en febrero de 2007 presentó en Urbanismo el texto refundido del proyecto de actuación, consciente de que si el consistorio se negara a tramitarlo estaría incurriendo en una ilegalidad. Otro asunto es si el Ayuntamiento aprueba o no la concesión del permiso para que Gómez pueda utilizar esas instalaciones. Y también otra cuestión pendiente es saber si la Consejería de Obras Públicas, que debe emitir un informe preceptivo, da su visto bueno. La opinión de la Junta en este tipo de asuntos no es vinculante, asegura Andrés Ocaña (IU), el concejal de Urbanismo. Pero, ¿un gobierno conjunto aprobaría algo así con la negativa expresa de la Administración autonómica, del PSOE?

De momento, Ocaña sostiene que será necesario que se derribe parte de las naves para que se puedan conceder las licencias de obras y de apertura. Aproximadamente, según las primeras estimaciones, deben desaparecer entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados. Se trata, según las fuentes consultadas, de la diferencia entre la superficie total de las naves y la superficie máxima que permite el plan especial que abría la puerta a su legalización.

Pero de este asunto del derribo nada se indica en el informe sobre el proyecto de actuación que ha elaborado el Servicio de Planeamiento de Urbanismo. Lo que sí se afirma es que 10.623 metros cuadrados de superficie total (edificada y sin edificar) de las parcelas en las que están las naves están "fuera del ámbito del proyecto de actuación".

La lista de cuentas pendientes entre Izquierda Unida y PSOE del anterior mandato no acaba en Sandokán. El asunto de las parcelas ilegales de Medina Azahara o la financiación del futuro Palacio del Sur, son otros dos temas en los que han estado duramente enfrentados el Ayuntamiento y la Junta durante los dos años anteriores. Ahora, se busca solución.