El Consell pide 2.000 agentes para pagar nuevos cuarteles

La participación de la Generalitat en la financiación de las infraestructuras seguridad, comisarías y cuarteles, está de nuevo sobre la mesa. Francisco Camps, presidente de la Generalitat, puso como condición el incremento de agentes. La negociación se abortó y ahora es Serafín Castellano, consejero de Gobernación con competencias en materia de seguridad ciudadana quien le ha trasladado a Antoni Bernabé, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la intención de recuperar esas conversaciones y estudiar la posibilidad de alcanzar un convenio de colaboración. El Consell aportará financiación para nuevos cuarteles y comisarías si el Gobierno desplaza a la Comunidad Valenciana 2.000 agentes más de los actuales. Sin embargo, en los últimos tres años, el Ejecutivo ya ha incrementado en 2.200 el número de agentes. Así quedó expuesto en la reunión que Bernabé y Castellano mantuvieron ayer. Sobre la mesa, también, el desarrollo de la Unidad Adscrita, una unidad de la policía nacional con competencias específicas a modo de policía autonómica cuya dimensión decide el Gobierno. Castellano pidió a Bernabé que los agentes pasen de ser 500 a 1.000. El convenio entre el Estado y la Generalitat sobre este asunto tiene que revisarse el próximo octubre.

Bernabé señaló que ha pedido a Castellano la participación de la Generalitat, recogiendo una oferta del presidente Francisco Camps lanza el año pasado. "Le he pedido que lo lleven adelante para acelerar al máximo las inversiones del Gobierno central en las infraestructuras de seguridad de la Comunidad Valenciana, pues ese dinero que saldría de los Presupuestos autonómicos haría avanzar la ejecución de los nuevos equipamientos de la Guardia Civil", afirmó Bernabé. Y, apuntó que esta fórmula ya se realiza en otras comunidades.

Castellano, por su parte, pidió de nuevo a Bernabé que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reciba a Camps. Bernabé precisó que esa reunión estaba "cerrada" para avanzar en la consecución del convenio y que la Generalitat la paralizó.