Woody Allen abre la caja de los truenos en el Ayuntamiento de Barcelona

Woody Allen abrió ayer, sin querer, la caja de los truenos en el Ayuntamiento de Barcelona. Una pregunta del PP a propósito de la película que el cineasta rueda en la ciudad puso en evidencia el cambio de situación con un gobierno en minoría al que la oposición puede irle aprobando sus propias propuestas e iniciativas si vota en bloque. Eso ocurrió ayer en algunas comisiones de plenario del consistorio en el que la oposición (CiU, PP y ERC) se unió frente al bipartito del PSC e ICV-EUiA. Al final se pidió un informe al secretario para que resuelva el conflicto.

El problema en cuestión radica en que si las resoluciones que se aprueben en las comisiones de plenario -organismos previos a éste en los que se toman decisiones- son de obligado cumplimiento por parte del gobierno municipal. Hasta ahora, en los anteriores mandatos municipales así había sido porque prácticamente todos los acuerdos se tomaban por la mayoría que tenían las formaciones del tripartito.

Las propuestas de la oposición se estrellaban en la mayor parte de los casos. Eso ha cambiado con el gobierno en minoría de socialistas e ICV y ahora si los tres grupos de la oposición se unen pueden sacar adelante propuestas en contra del criterio del gobierno municipal. Ayer ocurrió eso, por ejemplo, en la discusión sobre la aportación de un millon de euros por parte del consistorio como subvención a la película que rueda Woody Allen. La cuestión no fue a más allá de un debate acalorado porque se trató de una pregunta y no de un acuerdo.

Votar en bloque

La cosa se complicó en una propuesta de acuerdo que plantearon CiU y el PP, aunque por separado, a propósito de los gastos de las campañas institucionales y de publicidad del consistorio. CiU, a través de Joaquim Forn, expuso que la maquinaria municipal despilfarra dinero en campañas que no son institucionales, sino de proyección del alcalde. La oposición viene manteniendo este argumento desde hace años y ayer sirvió para instar la creación de un grupo de trabajo formado por representantes de todos los partidos para controlar y aprobar los tipos de campaña que se llevan a cabo. ERC también estuvo de acuerdo. El bipartito se opuso por dos motivos. "Por un lado, porque el marco legal prevé la creación de un consejo asesor, y porque la capacidad de crear grupos de trabajo o comisiones la tiene el poder ejecutivo [es decir, el gobierno] y no le corresponde a la comisión".

Esa fue la argumentación que expuso el primer teniente de alcalde, Carles Martí, y el meollo del enfrentamiento. A juicio de la oposición, no hay duda, y la interpretación buena es la contraria: "Esperamos que el gobierno cumpla lo que se acaba de aprobar aquí", recordó Forn. Martí vino a replicarle que ni hablar de ello.

El Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que regula el funcionamiento de las comisiones indica en uno de sus artículos que a las comisiones de plenario les corresponde "el impulso, control y fiscalización de la actividad de los órganos de la Administración municipal". El equipo de gobierno se acoge a otro artículo del mismo reglamento que especifica que las atribuciones de las comisiones son: "Impulsar la actividad de los órganos de la administración ejecutiva sin perjuicio de las atribuciones del alcalde".

Es decir, que prevalece el criterio del alcalde y del gobierno municipal. "Las competencias de las comisiones no son ilimitadas porque, de lo contrario, resulta que la oposición gobernaría desde la sombra. Se puede hablar de todo y llegar a acuerdos, pero no podemos aceptar un trágala como el que pretenden", insistió Martí.

Esa disparidad de criterios se mantuvo a lo largo de varios debates y tanto el gobierno como la oposición concluyeron en encargar un dictamen al secretario municipal sobre cuáles son las exactas funciones y competencias de las comisiones de plenario. Lo que puede pasar es que el asunto acabe en los tribunales si alguna de las dos partes no acepta el dictamen.

No todo fueron desencuentros. La propuesta de CiU de realizar un estudio amplio sobre la atención de los servicios sociales de la ciudad contó con el voto favorable de todos. También por unanimidad se creó la Oficina de Protección de los Animales, una propuesta que planteó ERC. No prosperó, en cambio, otra de esa formación para confeccionar un reglamento de usos lingüísticos del Ayuntamiento, ni otra del PP que quería conocer qué servicios sociales se destinan a los inmigrantes y cuántas tarjetas sanitarias tienen.