La ampliación del Puerto de Valencia: un debate abierto

Pasadas las elecciones autonómicas y municipales y su resaca, así como consumada la victoria del Alinghi en la Copa del América, creo que es el momento de reabrir, de manera sosegada pero urgente, el debate en torno al futuro del Puerto de Valencia y su potencial ampliación en su vertiente de puerto comercial.

Quiero señalar previamente que no existe duda sobre la necesidad y urgencia de la ampliación, sino sólo respecto a la ubicación de esa ampliación y su compatibilidad desde el punto de vista económico y urbanístico con otras actividades y desarrollos futuros.

Desde un punto de vista estrictamente económico, se está evidenciando la creciente incompatibilidad entre dos actividades, el puerto como referente lúdico, unido o no a los grandes eventos y el puerto comercial y su potencial ampliación.

Parece que desde la rentabilidad económica, la actividad deportiva y turística le ha ganado la mano a la actividad comercial. Si las cifras de rentabilidad que se barajan para un evento como la Copa del América, en torno a los 3.200 millones de euros, son fiables, y en algún caso se habla de cifras muy superiores, esto contrastaría con los ingresos que se dejarían de percibir por la actividad comercial, en torno a los 1.000 millones de euros, en caso de no llevarse a cabo la ampliación en tiempo y forma, y esto de acuerdo con los datos facilitados por los propios responsables de la Autoridad Portuaria.

No obstante, la principal baza a favor de la continuidad del puerto en sus aspectos deportivos, lúdicos y turísticos es que el grueso de las inversiones necesarias ya se ha ejecutado, mediante la inyección de fondos realizada por las Administraciones Públicas, particularmente el Gobierno Central, para adaptar las instalaciones a la competición deportiva, mientras que las inversiones para ampliar los usos comerciales están por iniciar, y, además, existe un riesgo cierto de que la ampliación suponga una grave afección a las playas circundantes, en particular las situadas al norte de las instalaciones portuarias, es decir, la Malvarrosa y su prolongación en el término de Alboraia. Se trataría, por tanto, de rentabilizar unas inversiones ya efectuadas, frente a otras no iniciadas y cuya eficacia debería evaluarse, teniendo en cuenta además que los efectos sobre las playas también tienen un coste económico.

Un aspecto importante, pero frecuentemente olvidado, es que la decisión respecto a primar una u otra actividad en relación con el Puerto tiene efectos económicos sobre sectores empresariales distintos, de manera que, en buena lógica, unos quieren priorizar determinados usos frente a otros. Por eso sorprenden determinadas posiciones, cuando, como he señalado, nadie discute la ampliación, sino tan solo la ubicación y los plazos que, al no haberse trabajado las soluciones alternativas, finalmente, se van a ver afectados si la decisión es situar en Sagunto la futura ampliación, como parece lo razonable.

Por tanto, la alternativa a la ampliación del puerto comercial es trasladar buena parte de las actividades al puerto de Sagunto. La ubicación en Sagunto reúne diversas ventajas ya conocidas: menor afección a la zona costera próxima, posibilidad de nuevas ampliaciones futuras, disponibilidad de catorce millones de metros cuadrados de suelo para actividades industriales y logísticas, buenas comunicaciones y un entorno urbano menos colmatado que en Valencia. La Autoridad Portuaria ha reconocido la idoneidad de ampliar actividades en Sagunto, pero no en el caso de los contenedores transoceánicos que, en todo caso, siempre de acuerdo con la referida Autoridad, deberían permanecer en Valencia por el coste que supondría el abandono de las infraestructuras ya existentes y su sustitución por otras nuevas en Sagunto, dado que "toda" la actividad de contenedores debería trasladarse a Sagunto.

Creo que aquí sería bueno dejar de lado posturas de todo o nada y analizar de veras si existe la posibilidad de un cambio gradual del transporte de contenedores a Sagunto, evaluar los costes y los tiempos y tomar una decisión que, necesariamente, debe basarse en valoraciones no sólo económicas, sino también urbanísticas y políticas.

Desde un punto de vista urbanístico ya se ha señalado recientemente la idoneidad de contar con una prolongación de la Ciudad de las Ciencias que abra Valencia al mar desde lo que debería ser su conexión natural: la desembocadura de ese río, seco pero emblemático, que es el Turia. Esta solución se logra de forma mucho más sencilla si no existe una ampliación de los usos portuarios comerciales, e incluso si se revierten algunos de ellos, tanto por la afección directa que la ampliación tendría como por la ampliación de las vías de comunicación que la actividad portuaria precisa para seguir desarrollando sus actividades logísticas. No olvidemos, además, que se encuentra pendiente una gran infraestructura para descongestionar el Puerto como es el acceso norte, que también tiene un impacto sobre la trama urbana de Valencia y el propio frente litoral.

El problema, en el fondo, es muy simple. Cada vez resulta más evidente que el crecimiento urbanístico de la ciudad hacia el Puerto es difícilmente compatible con el crecimiento del Puerto. Por eso aparecen problemas de congestión que deberían considerarse en el medio y largo plazo. Es decir, la reflexión debería ir en el sentido de la ciudad que queremos los valencianos y si esa ciudad es compatible con los usos y necesidades de un puerto comercial de la envergadura del que se pretende.

En definitiva, debemos declarar si queremos contar con la mejor Marina de Europa, a partir de lo ya hecho con la Copa del América, y conectando completamente la trama urbana con su frente marítimo, o se va a primar la ampliación comercial del Puerto cuando existe una alternativa posible y no completamente evaluada de ampliación de este tipo de actividades en Sagunto.

El futuro del Puerto depende de la actuación de varias Administraciones Públicas, no todas del mismo signo político. Desde el PSPV-PSOE hemos mantenido siempre la idea de que es importante llegar a consensos en los grandes temas y este es, sin duda, uno de ellos. Es una insensatez seguir alimentando falsas polémicas respecto a quién tiene la responsabilidad de que la ampliación no se haya iniciado aún, cuando el cumplimiento de los plazos legales puede ser, en este caso, una bendición para poder abordar racionalmente el problema. Es, por tanto, el momento del diálogo, donde los ciudadanos y quienes les representan deben tener la última palabra, y en cuya solución la Autoridad Portuaria debe jugar un papel relevante. La autonomía estatutaria de que goza debe servir para establecer, de una manera objetiva, las condiciones y los costes de las diversas alternativas. De todas. Pero la decisión final corresponde al interés general que, por serlo, debe ser el que la sociedad disponga, después de analizados todos los condicionamientos y manifestadas todas las opiniones. Y, sin duda, los socialistas vamos a estar ahí, en ese proceso, para favorecer la mejor solución para Valencia.

Enrique Villarreal es secretario de Economía, Hacienda y Empleo del PSPV-PSOE.