Problema de Estado

La estadística es terrible: como media, cada semana mueren tres trabajadores en los tajos españoles. Tan siniestro balance se aceleró durante la semana pasada con dos nuevos muertos en el estadio Vicente Calderón, de Madrid, mientras desmontaban el escenario del concierto de los Rolling Stones y con cuatro muertos en la cementera de la multinacional Holcim en Carboneras (Almería). Otro trabajador murió el primer domingo de julio en el túnel de circunvalación de las torres en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. Esta acumulación trágica de accidentes en un corto periodo de tiempo sitúa de nuevo a la sociedad española ante la responsabilidad de poner fin a la vergüenza de la siniestralidad laboral, que se repite una y otra vez sin que los gobiernos y las empresas sean capaces de aplicar un remedio eficaz.

Sin embargo, los diagnósticos ya están hechos. Los casos del Vicente Calderón y Carboneras, aparentemente tan distintos, tienen en común el elevado número de subcontratas -en el desmontaje del concierto participaban hasta 10 empresas-, con la confusión y la falta de planificación que cabe imaginar. Los sindicatos llevan décadas denunciando la clamorosa conexión entre subcontratas y accidentes de trabajo, a pesar de lo cual las tibias normas que limitan el número de empresas que pueden subcontratarse ni siquiera se aplican con rigor. Si, además, las empresas agobian a técnicos, capataces y peones para que ejecuten tareas complejas y peligrosas de forma acelerada, ya tenemos casi completo el cuadro de factores que explican la persistencia en España de una siniestralidad muy por encima de la media europea.

Las circunstancias de las muertes en las obras deben investigarse a fondo. Va de suyo. Pero el esfuerzo principal debe encaminarse a evitar muertes y lesiones. Por esa razón, un tratamiento serio contra los accidentes laborales debe empezar por un plan de choque de la Administración que al menos triplique la plantilla de los inspectores de Trabajo, con instrucciones precisas para que actúen con toda la severidad de la ley en la denuncia de las empresas responsables de incumplir o regatear las normas más estrictas de seguridad. Y debe continuar con la acción implacable de los fiscales en la persecución penal de las negligencias laborales. Las muertes en el tajo son hoy un problema de Estado, y mientras no se vuelque todo el peso político y administrativo de la nación en acabar con ellas, la sociedad española tendrá que sufrir esta tragedia, y este bochorno.