Calp afronta una deuda de 60 millones tras 12 años con el PP

El paso del PP por la alcaldía de Calp (12 años en el gobierno local con mayoría absoluta) ha dejado tiritando a las arcas municipales. El nuevo equipo de gobierno, que lidera el socialista Luis Serna, asegura que la deuda actual del Ayuntamiento es de 60 millones de euros. A ese dato oficial, los funcionarios añaden una cantidad indeterminada derivada de facturas sin expediente, aparcadas en la nevera.

El Consistorio acumuló cinco condenas por no hacer VPO con la venta de suelo público

El anterior gobierno del Ayuntamiento de Calp, presidido por Javier Morató, del PP, ha dejado un endeudamiento que alcanza los 60 millones de euros. Y ello sin contar diversas operaciones económicas y facturas presentadas a cobro que para los funcionarios están en la nevera, es decir, sin que consten en los expedientes y sin contrato ni referencia alguna.

El ex regidor Morató dejó el cargo sin presentar la liquidación presupuestaria del 2006 en marzo, como marca la ley. El documento ha sido tramitado este mes de julio por la nueva Corporación y cierra el ejercicio con un saldo negativo de tres millones de euros. El déficit presupuestario ha sido una tendencia que ha arrastrado anualmente el gobierno del PP. Todos los ejercicios se han cerrado con pérdidas económicas.

A este desequilibrio presupuestario se suman las cinco sentencias que acumulaba Morató del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dos de ellas recurridas, por vender durante estos últimos años suelo municipal, incurriendo en un delito urbanístico al utilizar el dinero de las ventas en diversas inversiones, y no en la financiación de Viviendas de Protección Oficial (VPO), como marca la ley.

La Subdelegación de Gobierno ha impugnado en total 40 partidas de los presupuestos de Morató que sumaban 7,5 millones de euros, cuyo dinero no ha sido destinado a financiar estas viviendas, sino a gastos del equipo de gobierno, entre los que se encuentran muebles de despachos y oficinas, mobiliario urbano y equipos de aire acondicionado, entre otros.

La delegación de Hacienda del Consistorio tramita a la semana alrededor de 300 facturas de la nevera aún pendientes de liquidar desde el mes de marzo del año pasado. En su mayoría son facturas controladas, es decir, aquellas en las que al menos consta el concejal que realizó el gasto y, por tanto, la partida presupuestaria a la que se debían cargar.

La anterior oposición municipal, hoy en el gobierno local, denunció en varias ocasiones la política de elaborar unos presupuestos "inflados", esto es, calculando lo que se quiere gastar sin tener en cuenta los ingresos que se debían recibir en el Ayuntamiento.

El PP llegó a presentar en los tres presupuestos de 2004 a 2006 el mismo ingreso como previsión por un desarrollo urbanístico, el que se esperaba del Plan Parcial de Las Salinas, con lo que estos presupuestos se elaboraron teniendo en cuenta un ingreso "ficticio", y, por tanto, un gasto que no era respaldado por ninguna entrada económica.

El gobierno popular emprendió durante los pasados meses de marzo y abril una intensa campaña institucional promocionando la gestión de los últimos cuatro años. Así, cargados a una partida de protocolo se sufragaron los gastos de diversas publicaciones que promocionaban la gestión del alcalde y varias inauguraciones que se habían llevado a cabo durante el mandato.

Dicha partida, que inició su ejercicio este año superando los 140.000 euros, fue modificada en marzo con una ampliación de más de 180.000 euros, superando así los 300.000 euros. Sin embargo, tras las elecciones, la partida presenta un saldo negativo de 3.000 euros, ya que, en cinco meses, el PP gastó todo el presupuesto.

El despilfarro del gobierno popular ha sido patente en diversas inversiones que se han efectuado, como la rehabilitación de la casa consistorial, cuya partida económica inicial era de 300.000 euros y acabó en más de dos millones.