El Tribunal Superior andaluz mantiene imputado al juez suspendido por prevaricación y cohecho

El juez de Marbella Francisco Javier de Urquía, suspendido de funciones por el Consejo General del Poder Judicial esta semana, declaró ayer como imputado por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación en el caso Malaya ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El instructor, Miguel Pasquau, no tomó ninguna medida cautelar contra De Urquía, pero resolvió mantener ambas acusaciones. El juez imputado declaró durante dos horas y media. Luego se limitó a afirmar que se siente "muy tranquilo" pese a los graves cargos que pesan en su contra.

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, suspendido tras conocerse la causa penal abierta a la que se enfrenta, evitó hacer declaraciones a su salida del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, al mediodía de ayer. De Urquía alegó que las actuaciones han sido declaradas secretas. La Fiscalía no solicitó ninguna medida cautelar contra el magistrado, por lo que su situación procesal no cambió tras su comparecencia.

De Urquía acudió al alto tribunal andaluz con el gesto muy serio, pero aparentemente tranquilo. Su abogado, Antonio González Cuéllar, conocido ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y ex fiscal, subrayó que la sala no había adoptado ninguna medida contra su cliente: "El juez no ha puesto ninguna medida cautelar. Estamos muy tranquilos".

La investigación continúa

La toma de declaración al magistrado De Urquía la presidió el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal Miguel Pasquau, instructor en esta causa, acompañado por el fiscal jefe del TSJA, Jesús María García Calderón, el abogado González Cuéllar y una secretaria judicial. El edificio del alto tribunal andaluz abrió sus puertas ayer sólo para acoger la esperada declaración del magistrado imputado. A las puertas del edificio, junto a los cuerpos de seguridad, aguardaron la comparecencia una decena de periodistas

La investigación alrededor del juez continuará los próximos días para delimitar su difusa relación con el presunto cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí, Juan Antonio Roca, y no se descarta que De Urquía pueda volver a declarar en los próximos días si lo estima procedente el juez instructor, según confirmaron ayer fuentes del TSJA.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado jueves por unanimidad la suspensión cautelar del magistrado como titular del juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, al estar involucrado en el caso Malaya y conocerse su doble imputación en la causa penal abierta por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho.

El juez Miguel Ángel Torres, que instruye el caso Malaya e investiga los tentáculos de la red de corrupción instalada en el Ayuntamiento de Marbella, fue quien destapó la supuesta conducta irregular de su compañero de destino, el juez De Urquía.

Entre las conclusiones que ahora se espera determine el juez instructor Pasquau, está averiguar dónde terminaba la labor como juez de Francisco Javier de Urquía y dónde empezaba su presunta labor ilegal de ocasional asesor legal de Roca a cambio de sobornos.

La relación con Roca

La sospecha judicial también debe dilucidar el alcance de la aparición de una escritura de compra de una vivienda propiedad del juez De Urquía, encontrada en uno de los registros realizados en las distintas dependencias y oficinas clandestinas de Roca. Además, en las escuchas policiales de la trama de corrupción municipal, el nombre del juez aparecía invocado en varias ocasiones.

De Urquía prestó presuntamente ocasionales labores de asesoramiento a miembros de la trama de corrupción municipal marbellí, aunque no están directamente relacionadas con el sumario abierto por el juez Miguel Ángel Torres contra dicha red.

El juez suspendido ha instruido numerosas causas por delitos contra la ordenación del territorio en las que estaban imputados ex alcaldes y ex concejales de la anterior corporación municipal de Marbella.

Pero el protagonismo no le llegó a De Urquía hasta esta pasada primavera, cuando llevó el caso Hidalgo, la tercera causa en relevancia de las instruidas en los juzgados marbellíes tras el caso Malaya y Ballena Blanca, y que investiga el presunto blanqueo de capitales en torno al despacho de abogados Cruz-Conde, procedimiento en el que hay 24 imputados, entre notarios, abogados y supuestos clientes de dicho bufete.