Almunia dice que aplicar las normas de competencia como en la multa a Telefónica beneficia a los ciudadanos

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, admitió ayer que la sanción impuesta por Bruselas a Telefónica es "muy alta", si bien recordó que la Comisión Europea

"tiene entre sus funciones hacer cumplir las reglas de la competencia con todas las consecuencias", lo cual va en beneficio de los ciudadanos.

En declaraciones a los periodistas, tras participar en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Almunia reconoció que la sanción de 152 millones impuesta a Telefónica por frenar la competencia en el mercado de banda ancha es la "muy alta, la segunda multa mayor" que se ha acordado para una empresa individual por abuso de posición dominante, tras la impuesta a Microsoft.

"Pero también es verdad que la Comisión tiene entre sus funciones hacer cumplir las reglas de la competencia con todas las consecuencias, porque los ciudadanos tenemos derecho a que las empresas que gestionan servicios tan importantes como la telefonía o las telecomunicaciones respeten las reglas. Eso va en nuestro beneficio", apuntó Almunia. La Comisión Europea culpa a Telefónica de que el precio del ADSL sea un 20% más caro en España que en la media europea y de que llegue a un 20% menos de la población.

[Preguntada ayer tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sobre si podía haber habido trato discriminatorio a Telefónica frente a otras compañías por la alta cuantía de la multa, ésta señaló que "es pronto para hacer valoraciones". "Todavía no hemos recibido la comunicación oficial de Bruselas. Cuando la recibamos la estudiaremos, por supuesto, con detenimiento, para considerar, sobre todo, si pudo haber trato discriminatorio con respecto a los casos de otros países y actuar en consecuencia", añadió.

La multa de Telefónica está muy por encima de la de 12,6 millones impuesta a Deustche Telekom o la de 10 millones de France Télécom en el año 2003, si bien Bruselas lo justifica con varios argumentos].