Sector promotor inmobiliario: retos

Durante los diez años previos a las últimas elecciones autonómicas y municipales -aludo a las elecciones por marcar un punto de inflexión- el sector de la edificación residencial ha sido la actividad que ha llevado a la economía valenciana y española a alcanzar uno de sus índices de crecimiento en la producción y el empleo más espectaculares de cuantos ha experimentado durante los últimos treinta años. Ha sido en esta última década cuando el crecimiento del sector de la edificación ha superado el del conjunto de la economía española, pasando de ser el 7,5% del PIB nacional a finales de los 90 a representar el 12,2% (14,7% en la economía valenciana) lo que ha aportado a la sociedad española uno de cada cinco puestos de trabajo de cuantos se han creado durante los últimos años. Estos datos indican que la actividad inmobiliaria ha liderado una de las décadas de mayor prosperidad para nuestra economía. Y creo que el ciudadano, cuyo nivel de riqueza se ha visto notablemente incrementado por el patrimonio inmobiliario y los efectos del ciclo, así lo ha percibido, independientemente de la vorágine mediática que nos ha sacudido durante los últimos dos años, como respuesta estratégica a ese punto de inflexión que antes he calificado como proceso electoral. La corrupción urbanística, ese término acuñado ad hoc, ha sido la música de fondo de una larga y acusadora precampaña y campaña electoral que ha dejado una disparatada huella en el clima mediático -que no en el clima de opinión como después argumentaré- cuyas consecuencias las ha sufrido, precisamente, este sector. Pasados los días del cualquiera es culpable mientras no se demuestre lo contrario, las aguas mediáticas parecen haberse calmado, cuanto menos en la Comunidad Valenciana, un territorio especialmente castigado por esta estrategia electoral que a todas luces, no ha dado sus frutos. Quienes la hayan diseñado habrán de preguntarse por qué.

Hemos pasado del titular diario, de las acusaciones diarias de corrupción, de la invasión de los PAIS, de la depredación del territorio y las acusaciones indiscriminadas que se han vertido sobre este sector -uno de los sectores jurídicamente más regulados- a un silencio mediático condicionado claramente por los resultados de ese punto de inflexión, reitero, que ha sido la campaña electoral y las sorpresas que ha deparado la voluntad ciudadana, en cuya percepción -claramente- no ha calado la estrategia de la corrupción urbanística. Del no por el no y de obstaculizar cualquier iniciativa que representase una actuación sobre el territorio. Tal vez en otras autonomías sí ha podido haber más motivos para que la ventolera mediática haya despejado el escenario pero no en la valenciana, autonomía injustamente tratada que ha pasado de ser un referente urbanístico a ser la hermana fea de un conjunto de autonomías con una legislación urbanística similar y en muchos casos, inspirada en nuestras leyes. Sin embargo, el efecto producido en la sociedad ha sido el contrario al esperado, pues al margen de los objetivos e instrucciones políticas, el ciudadano ha respondido de manera contundente hacia un modelo económico que ha ofrecido las garantías necesarias para avanzar hacia la prosperidad en la que nos hemos instalado y en cuya realidad, la actividad inmobiliaria ha tenido y tiene un indudable protagonismo.

Llegados a este punto, nos encontramos en un momento en el que la edificación residencial ha de mirar el futuro con una perspectiva diferente de cómo ha gestionado su pasado. Un futuro que no deja de ser alentador, que cuenta con varias incógnitas que habremos de despejar pero para cuya resolución, las circunstancias son favorables a un sector que ha sabido adaptarse a todo tipo de situaciones. La propia historia así lo demuestra. Comenzando por las empresas, en las que se terminará imponiendo un proceso de selección hacia la calidad y la diferenciación, tanto en la vertiente constructiva como en la de los servicios inmobiliarios, asumiendo que no faltarán estímulos en la demanda si los precios continúan ajustándose -con realismo- a las necesidades de la población. En cuanto a la demanda estimada, tendrá un potencial muy elevado para el horizonte de los próximos seis o siete años, en los que el ritmo de creación de nuevos hogares podría mantener niveles muy cercanos al medio millón. A favor de esta tendencia operará el fenómeno de la inmigración, condicionado por el asentamiento de los más de cuatro millones de personas que ya han venido y cuyo acceso a pautas de comportamiento similares a los de la población autóctona se sumará a una demanda potencial de vivienda de más de cien mil unidades, sin olvidar la población inmigrante adicional que este país continuará recibiendo. La concentración y diversificación empresarial serán otros de los pasos a seguir por las empresas del sector que quieran garantizar una posición privilegiada en el mercado, paso que ya ha sido emprendido por empresas valencianas que haciendo gala del carácter emprendedor característico del empresariado valenciano, están realizando actuaciones en Europa del Este o el norte de África, poniendo de manifiesto su capacidad para competir con éxito en entornos muy diferentes.

Estos son algunos de los retos que el sector tiene por delante, junto con la necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad a su actividad -algo que actualmente ya se está haciendo- para garantizar su apoyo a la economía y a la prosperidad de los ciudadanos. Retos a los que viene a sumarse la legislación urbanística valenciana y su cuerpo legislativo, un amplio y novedoso compendio de leyes que ha de ser perfilado y ahormado aún más, para optimizar su aplicación adecuando la realidad jurídica con la realidad del territorio y de nuestra actividad. Esta es la principal solicitud que el sector quiere trasladar al nuevo Gobierno valenciano que ha formado el presidente Camps: reglas claras, ordenar y perfeccionar la legislación urbanística aprobada en la anterior legislatura. Este será, sin duda, uno de los retos del nuevo Gobierno valenciano y en particular, de José Ramón García Antón, al frente de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo, para lo cual contará con el apoyo de la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana, organización que lleva representando a este sector durante los últimos treinta años.

Benjamín Muñoz es secretario General de la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana.