56 afectados se unen a Salvem El Cabanyal contra la expropiación de sus casas

La plataforma Salvem El Cabanyal cerró ayer la oficina organizada para atender y asesorar a las familias afectadas por la expropiación forzosa de 136 inmuebles de la calle de San Pedro, donde el gobierno de Rita Barberá, del PP, pretende impulsar con un nuevo bulevar el plan de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio marinero. Un total de 56 afectados han optado por presentar su alegación contra el desalojo "de forma coordinada" y dando su apoyo a la de Salvem El Cabanyal, mientras que otros vecinos han decidido presentar instancias individuales contra el proyecto del Ayuntamiento. "Si tenemos en cuenta la importancia para el patrimonio familiar y la decisión tan importante para su economía, la respuesta dada por los vecinos es una clara denuncia de la política aplicada por el Ayuntamiento", señaló ayer la plataforma.

La empresa mixta Cabanyal 2010 inició a principios de junio el envío de las cartas en las que anunciaba a los vecinos de la calle de San Pedro la expropiación de sus casas, con ofertas muy por debajo del mercado inmobiliario en el barrio. El Consistorio ha ofrecido a los inquilinos que habitan el barrio desde antes del plan de reforma municipal una vivienda protegida en la zona, pero la indemnización por la pérdida de sus casas apenas cubriría una parte del coste. Para muchos afectados, personas mayores con escasa pensión la mayoría, no es factible coger una hipoteca que tendrían que avalar sus hijos.

Carta al Rey

Salvem El Cabanyal organizó entonces una oficina para informar a los vecinos, que antes del otoño deberán abandonar sus viviendas si no prosperan sus alegaciones. Los afectados han organizado también un "grupo de ayuda mutua" para afrontar la expropiación y con el "principal objetivo" de paralizar el proyecto.

La protesta contra el plan de Barberá llegará también al rey Juan Carlos. Los vecinos le enviarán una carta escrita por una de las afectadas, de 84 años, y acompañada por las fotografías de los expropiados y sus casas. En ella, se explica que el proyecto del PP "partiría el barrio en dos" y supondría la destrucción de 1.660 viviendas. Ante la expropiación que ha puesto en marcha el Consistorio, la carta pide al Rey que intervenga para que no les obliguen a dejar sus casas antes de que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo sobre la prolongación de Blasco Ibáñez, recurrida por Salvem El Cabanyal. El fallo se prevé en pocos meses, y los trámites de la expropiación no se extenderán más allá del otoño.

El Consell ha sacado a información pública el proyecto de expropiación, según publicó ayer el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). Los afectados tienen un mes para alegar contra el desalojo forzoso de sus viviendas.