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Las subvenciones de Trabajo carecían de control en tiempos de Unió, dice la Sindicatura

El Departamento de Trabajo de la Generalitat no ejerció un control serio y riguroso de los miles de millones de pesetas para cursos de formación que gestionó durante la década de 1990. La Sindicatura de Cuentas ha realizado un amplio informe en el que constata graves irregularidades administrativas y desfases presupuestarios en la justificación de los gastos, la realización de los cursos de formación y en el procedimiento administrativo.

El informe difundido ayer tiene su origen en las resoluciones del Parlament instando a la Sindicatura a fiscalizar los fondos de ocupación que recibieron las entidades públicas catalanas procedentes del Fondo Social Europeo. Las anomalías más graves se refieren al Departamento de Trabajo de la Generalitat entre 1990 y 2001, cuando estuvo en manos de Unió Democràtica (UDC).

En tres casos, esas irregularidades pueden ser delictivas y hay otros tantos procesos judiciales pendientes de juicio. El más conocido es el llamado caso Pallerols, referido a las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols, que recibió de Trabajo 8,85 millones de euros entre 1994 y 1999 y que supuestamente sirvieron para financiar a UDC.

En el caso del Departamento de Trabajo, la Sindicatura ha realizado su estudio a partir de una muestra de 88 expedientes. Éstas son las principales irregularidades que se constatan:

- Facturas sospechosas. Los expedientes revisados presentan facturas duplicadas para justificar los gastos. En otros casos los costes presupuestados coinciden con los justificados, lo que resulta extraño, dicen los síndicos, pues la subvención se solicita sin saber cuál será el importe que se concederá. En algún curso los gastos justificados son inferiores a la subvención. Dos de las empresas de Pallerols, Andsa y Ceifsa, imputaron facturas de manera irregular y una de esas sociedades las cargó a dos cursos distintos, siendo idéntica la fecha, el número de factura y el crédito, pero no el importe.

- El 10%. La Sindicatura de Cuentas explica que "la relación de facturas contiene un apartado final para gastos de difícil justificación, que puede llegar a un 10% de los gastos justificados". En algún caso ese importe está modificado a mano para ajustar lo justificado a lo presupuestado. El 10% es el porcentaje de la subvención que, según el fiscal Fernando Rodríguez Rey, desviaron a Unió las empresas de Pallerols.

- Normativa incumplida. El informe constata que Trabajo incumplió de 1990 a 1999 la normativa que regía cuando se concedieron estas subvenciones, a la hora de que los beneficiarios acreditasen los requisitos, el plazo y la forma de justificar los gastos. Tampoco se detallaba a cargo de qué partida se concedían las subvenciones. Ni hubo una intervención económica previa de los expedientes. Entre 2000 y 2001 siguieron algunas de esas anomalías y se seguía sin concretar cuál era la cantidad máxima de las subvenciones que se concederían.

- Documentos nulos y dinero no devuelto. El informe advierte también de que son nulos algunos de los documentos presentados por los centros colaboradores para justificar los gastos y que el Departamento de Trabajo no recuperó en aquella época ninguno de los reintegros exigidos a las empresas beneficiarias al comprobarse las anomalías. En el caso de Pallerols fueron 1,2 millones de euros.

Pendientes de la justicia

El caso Pallerols está siendo investigado por la justicia desde hace ocho años. En este tiempo ha pasado por casi todas las instancias judiciales y ahora está en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La magistrada que instruye la causa es Teresa Cervelló, cuñada de Núria de Gispert, ex consejera de Justicia de la Generalitat y dirigente de Unió. Cervelló fue designada instructora "de acuerdo con el turno preestablecido", asegura una resolución judicial.

La causa llegó al TSJC el pasado mes de febrero porque entre los imputados figura Enric Millo, diputado autonómico del PP por Girona. Cuatro meses después, el TSJC decidió que era competente. Desde entonces no se ha practicado ninguna diligencia notificada a las partes personadas. El sumario ha sido reclamado al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. Allí estuvo varios años siendo titular el juez Josep Niubó, quien no mostró excesivo interés en acelerar la investigación. Con el cambio de magistrado y la llegada de Sílvia López Mejía se impulsó el proceso.

Tanto, que llegó a remitirlo al Tribunal Supremo para que valorase si había indicios de delito contra los diputados de CiU en el Congreso Josep Sánchez Llibre y Pere Grau. El Supremo dijo que no y la juez acabó archivando el caso para los otros 12 imputados.

El fiscal recurrió y la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, presidida por Josep Maria Pijuan, reabrió el caso al considerar que existen "no pocos indicios" de que el 10% de las subvenciones se acabaron desviando para financiar a Unió.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de julio de 2007

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