Un juez de Granada advierte de los perjuicios de denunciar a cargos públicos sin suficiente motivación
Un juez de Granada advierte, en un auto en el que desestima un recurso del PP al archivo de una querella contra una presunta ilegalidad urbanística en la localidad de Peligros, que mantener como principio que toda supuesta infracción constituye ilícito penal, además de colapsar los juzgados, propicia imputaciones infundadas. En el auto, facilitado en rueda de prensa por el alcalde de Peligros, Jesús Huertas (PSOE), contra quien iba dirigida la querella, el juez de Instrucción 1 de Granada, Basilio Miguel García, señala que mantener ese principio, especialmente en periodo electoral, como fue el caso, "amén de suponer el colapso de los juzgados de Instrucción", supondría "obviar el principio de intervención mínima, trasunto del principio de legalidad".
El juez subraya los efectos que acarrea la llamada "pena de banquillo", que puede colocar a cualquier persona en la posición jurídica de imputada sin una razón suficientemente justificada, como son los "perjuicios que por la duda que se generan para dicho imputado". Ello, unido a la prolongación del tiempo en la tramitación de la causa, agrava "el detrimento en la fama y reputación de los cargos públicos, más aún en periodo electoral".
Los hechos denunciados, sobre la invasión de dominio público, tienen que pasar por el "tamiz de la apreciación o valoración inicial del instructor", a quien incumbe el cometido para evitar "imputaciones infundadas" o sobre hechos que carezcan de la necesaria "relevancia jurídico penal". Según el juez, "no hubo desentendimiento del asunto por parte de los imputados y sí proporcionalidad en la solución administrativa que se dio al asunto". Lo primero repele por incompatible la consideración de que hubo prevaricación y lo segundo ampara jurídicamente la resolución administrativa y hace imposible poder reputarla como "injusta" y mucho menos "arbitraria".
Según señaló el alcalde, el Ayuntamiento estudia emprender "acciones legales" contra el PP porque durante la campaña repartieron numerosos folletos en los que acusaban al regidor de "corrupción urbanística" por los hechos denunciados que ya fueron corregidos con anterioridad. La presunta irregularidad objeto de la querella aludía a la construcción en Peligros de un bloque de viviendas que, "por un error de alineación", invadió 15 centímetros de dominio público.
