El PP recurre 30 artículos del Estatuto catalán que aprueba con el mismo texto en el andaluz

Las estrategias políticas juegan a veces muy malas pasadas. La Abogacía del Estado ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional en el que demuestra con documentación oficial como el PP ha recurrido 30 artículos del Estatuto de Cataluña que están calcados en el Estatuto de Andalucía. Sin embargo, los populares aprobaron el Estatuto andaluz en el Congreso y no recurrieron ninguno de sus artículos. " Quien defiende una determinada postura ante un Tribunal debe ser coherente con la misma, como nos recuerda la máxima jurídica 'nadie puede ir contra sus propios actos", señala el abogado del Estado.

"Un precepto jurídico no puede ser constitucional e inconstitucional al mismo tiempo", señala la Abogacía del Estado en relación con la postura del Partido Popular, que ha visto preceptos inconstitucionales en el Estatuto catalán que luego ha aprobado por creer que eran plenamente constitucionales en el Estatuto de Andalucía.

La documentación oficial aportada por la Abogacía del Estado muestra que hasta 30 artículos recurridos por el PP en el Estatuto catalán han sido calcados en el andaluz. Entre ellos los que regulan el testamento vital y el derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte; el Poder Judicial autonómico; el capítulo de competencias o la regulación de las cajas de ahorro.

El Abogado del Estado plantea en su escrito al Tribunal Constitucional que ahora se ha producido un hecho relevante que hay que analizar antes de dirimir el recurso contra la nueva norma catalana. Tras presentar el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, el PP aprobó en el Congreso de los Diputados el nuevo Estatuto de Andalucía y dejó transcurrir el plazo legal sin presentar recurso de inconstitucionalidad contra el mismo.

Esta conducta podría provocar un sinsentido jurídico pues si el Constitucional tumba los artículos recurridos por el PP en el Estatuto catalán, esta comunidad podría carecer de una serie de competencias por inconstitucionales que, sin embargo, estarían plenamente vigentes en Andalucía, que las recoge en su Estatuto con las mismas palabras y que nadie ha recurrido.

Abundantes semejanzas

"Hay más de 40 artículos del Estatuto de Cataluña, de los que 30 han sido expresamente recurridos, que son idénticos a otros tantos artículos del Estatuto de Andalucía, y son abundantes las semejanzas de contenido entre aquel Estatuto impugnado y el de las Islas Baleares", señala la Abogacía del Estado. "Todos estos estatutos reconocen derechos, establecen un sistema similar de definición de competencias, disponen de Consejos de Justicia Autonómicos, contemplan un sistema común de financiación y prevén un sistema bilateral de relaciones entre el Estado y la respectiva comunidad autónoma. Pero lo que es más significativo, hay muchos artículos que dicen literalmente lo mismo".

Ante esta evidentemente contradicción del PP, la Abogacía del Estado solicita del Tribunal Constitucional que abra un trámite de audiencia brindando a los recurrentes la posibilidad de explicar esa contradicción y para que, en su caso, puedan retirar su impugnación de inconstitucionalidad, al menos, respecto de aquellos artículos idénticos o de contenido muy semejante de cuya constitucionalidad ya no dudan, puesto que los han votado, apoyado y defendido. Si el PP aceptase las pretensiones de la Abogacía del Estado y retirase el recurso sobre los artículos cuyo texto es idéntico en los estatutos catalán y andaluz, gran parte de la relevancia del recurso y de sus efectos en caso de que el Constitucional aceptase esos argumentos, quedaría anulada.

El escrito presentado por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional tiene 74 páginas más dos anexos donde se recogen todos los artículos recurridos que son idénticos a otros del Estatuto andaluz y todos los aspectos que son similares en los estatutos catalán, andaluz y balear.

El PP mantiene posturas contradictorias en relación con la política territorial de reformas de Estatutos de autonomía. Cuando empezó la presente legislatura, su líder Mariano Rajoy aseguró que no eran necesarias. Sin embargo, la primera comunidad que promovió un cambio de su norma principal fue la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP.

Cuando se tramitó el Estatuto catalán, los populares rechazaron el sistema de financiación planteado por el Gobierno tripartito pero luego aceptaron modelos similares planteados en los estatutos de Andalucía y Baleares. En el primer caso, el PP se sumó al consenso durante la tramitación del texto en el Congreso. En el segundo caso, el PP fue el promotor de la reforma legal pues gobernaba con mayoría absoluta en Baleares.