Defensa prescinde de su negociador de compras de armas desde 1984

Coincidiendo con el 30º aniversario de la creación del Ministerio de Defensa, cuya conmemoración quedó aplazada por el atentado contra las tropas españolas en Líbano, ha dejado dicho departamento la única persona que ha ocupado un puesto directivo en el mismo durante la mayor parte de su existencia. Antonio Rodríguez, negociador de los más importantes contratos de armamento suscritos por España en los últimos 23 años, cesó el pasado 28 de junio.

Antonio Rodríguez, ingeniero de telecomunicaciones procedente del Instituto Nacional de Industrial (INI), el holding que agrupaba a las empresas públicas, llegó al Ministerio de Defensa en 1984, de la mano del primer ministro socialista del ramo, Narcís Serra, y de su entonces secretario de Estado, Eduardo Serra. Su objetivo era negociar la compra de los 72 cazas F-18 del programa FACA (Futuro Avión de Combate y Ataque), por 1.500 millones de dólares de 1981, y obtener las máximas contrapartidas para la industria nacional.

A partir de este programa, se desarrolló la Gerencia de Compensaciones, luego rebautizada como Gerencia de Cooperación Industrial, que en estos años ha negociado contratos por valor de más de 8.000 millones de euros para las empresas españolas y transferencias de tecnología en los principales sistemas de armas adquiridos por las Fuerzas Armadas, de los F-18 a los helicópteros Tigre.

La salida de Rodríguez es consecuencia de la reestructuración de Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defensa), empresa propiedad cien por cien del Ministerio de Defensa. En el Consejo de Administración del 28 de junio, presidido por la secretaria de Estado, Soledad López, se suprimió la estructura bicéfala de Isdefe -que hasta ahora tenía dos consejeros delegados, Antonio Rodríguez y Miguel Ángel Panduro- de forma que la Gerencia de Cooperación pasa a ser una división más.

Esta reestructuración, que degrada sobre el papel un organismo fruto de una concepción proteccionista de la industria militar española, ha coincidido con la adhesión al llamado Código de Conducta de la Agencia Europea de Defensa (EDA), a partir del pasado 1 de julio. España, al igual que Hungría, ha tardado un año en suscribir este código, dirigido a promover la competencia en el mercado militar europeo, por temor a que su industria, de tamaño mediano, resultara perjudicada.

Finalmente, a petición del secretario del Consejo Europeo, el español Javier Solana, el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, autorizó la adhesión a este acuerdo, que prevé publicar en un boletín electrónico y abrir a la competencia europea todos los contratos de más de un millón de euros, salvo los referidos a investigación y desarrollo; entre otros.

Previamente, la Asociación de Fabricantes de Armamento y Material (Afarmade), la patronal del sector, comunicó a Defensa que no veía "perjuicio ni beneficio" en adherirse al código. En su primer año de aplicación, sólo se han publicado 200 contratos de 14 de los 22 socios, mientras que los demás se han amparado en razones de urgencia operativa o seguridad nacional para evitarlo.

Derrota en EE UU

Lo cierto es que el mercado mundial de Defensa está muy lejos de ser abierto o transparente. La empresa española EADS-CASA acaba de perder el contrato del programa Joint Cargo Aircraft (JCA), que suponía la venta de al menos 78 aviones de transporte medio para el Ejército de Tierra y la Fuerza Aérea de Estados Unidos por un importe de más de 2.000 millones de dólares.

El C-27J Spartan, que presentó la firma italiana Alenia con la estadounidense L-3, se impuso al C-295, de la española EADS-CASA y la estadounidense Raytheon, aunque este último era al menos un 15% más barato y como mínimo igual desde el punto de vista técnico y operativo, según los expertos. La decisión se anunció tras la última visita del presidente George Bush a Roma.