Resistir en una tienda de campaña

Diego Llopis y su familia van a pasar el verano de cámping, y ya tienen preparada hasta la tienda. Sus vecinos han decidido hacer lo mismo. Sólo que no están de vacaciones. Llopis, su mujer, y dos niñas saharauis que ha acogido estos meses se han visto obligados a instalarse en su jardín después de que la Policía Local de El Puerto de Santa María (Cádiz) les haya obligado a desalojar su vivienda en cumplimiento de una orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. "No tenemos otro lugar donde ir, y como el jardín es lo único legal de la casa, aquí nos quedamos, aunque no tengamos condiciones higiénicas", se queja el vecino. Dice Llopis que no está preocupado por él ni por su esposa, "es, sobre todo, por las niñas, que me preguntan todo el rato que por qué quieren partir nuestra casa".

Lo que el TSJA pretende, en realidad, es derribar su vivienda y otras tres más del entorno. Las casas fueron construidas en 1992 sobre suelo no urbanizable, en la zona de Cantarranas. Un vecino denunció la ilegalidad y desde el 1995 los afectados han estado enredados con recursos, hasta que hace sólo unos días el Ayuntamiento recibió la notificación de que debía ejecutar el derribo de forma inminente. Sólo las cuatro casas denunciadas. El resto, decenas de viviendas construidas también de forma ilegal, quedarán en pie. Entre ellas, la del vecino que denunció a Llopis. "Eso es lo más grave. En nuestra calle hay nueve viviendas. De ellas, cinco en nuestra acera: las cuatro que quieren tirar y la suya. Pero como nadie lo denunció en los cuatro años siguientes a la construcción de la casa, no pueden tirarla. Por eso no le importa lo que pase con las nuestras".

Los vecinos han presentado un recurso de súplica para tratar de evitar que la sentencia se lleve a cabo. Es su última esperanza, porque después no caben más recursos. Lo hacen con el respaldo de toda la corporación municipal, que la pasada semana aprobó en pleno la regularización de estas viviendas en el plan de ordenación urbana que está a punto de aprobarse. La medida, con todo, llega algo tarde. "El anterior equipo de gobierno [de Independientes Portuenses] nos aseguró que iba a aprobar el cambio de calificación del suelo, pero no lo hizo. Nos engañó".

Puesto que aún no ha llegado ninguna contraorden del TSJA, la Policía Local ha tenido que desalojar a los vecinos y precintar las casas. A Diego Llopis sólo le queda esperar que la resolución judicial llegue antes de que se resuelva el concurso público para adjudicar el derribo.