Los aparejadores de Cádiz endurecerán las medidas para evitar construcciones ilegales

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz ha decidido actuar tras la implicación de algunos profesionales en operaciones relacionadas con construcciones irregulares en el litoral. Todos los colegiados tendrán que someterse a un control más riguroso para validar los certificados de obra que presenten y los que sean condenados por haber participado en casos de viviendas ilegales serán inhabilitados dos años. "Está en juego nuestra imagen. Unos garbanzos negros no pueden perjudicar a todo el colectivo", destacó ayer el presidente de este colegio, José Arcos.

El colegio profesional ha lamentado la supuesta implicación de dos arquitectos técnicos en dos recientes casos relacionados con la corrupción urbanística en apenas dos semanas. El primero afectaba a Chiclana (Cádiz). Allí la Guardia Civil, dentro de la operación Obra Nueva, ha descubierto una trama de certificación de obras dedicada a emitir documentos falsos para demostrar la existencia de casas con varios años de antigüedad en parcelas, donde incluso no se había llegado todavía a levantar ninguna edificación.

Con esta fórmula el comprador de esa futura casa podía argumentar que su vivienda, aunque estuviera en suelo no consolidado, llevaba más de cuatro años levantada y, por tanto, la infracción urbanística había prescrito.

El segundo caso conocido ha ocurrido en El Palmar, en Vejer. Allí, según la Policía Autonómica, un arquitecto técnico participó en una operación para falsificar un certificado de obra. Hay cinco detenidos, entre ellos, el arquitecto. Una casa recién construida en zona de servidumbre aparecía como levantada hace 18 años, por lo que su construcción sería anterior a la Ley de Costas y la Ley del Suelo. En ambos casos, en el de Chiclana y en el de Vejer, los propietarios se beneficiaban de la alegalidad de sus casas, al aparecer como construidas antes de la promulgación de normas que ahora las prohibirían.

La investigación de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica ha podido abortar estas dos operaciones, aunque, según el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, ha dañado la imagen del conjunto de profesionales dedicados a esta tarea. "Somos entre 1.700 y 1.800 afiliados y sólo han salido unos cuantos garbanzos negros. No se puede generalizar pero está claro que manchan nuestro trabajo", reconoció ayer el presidente del colectivo.

Preocupados por la trascendencia de estas noticias, los miembros de la Junta de Gobierno del colegio aprobaron el jueves una resolución para endurecer las medidas de control de los certificados de obra.

"Obligación"

Según explicó José Arcos, es "obligación de todos los aparejadores y arquitectos técnicos" presentar ante el Colegio estos documentos para su validación definitiva. "Hay quien se lo salta pero es alguien que no está cumpliendo la norma", aclaró el presidente.

A partir de ahora, el órgano que representa al colectivo exigirá una fotografía aérea o documentos municipales que prueben que la casa de la que se va a certificar esta obra se construyó en el año indicado.

En el caso de Vejer, a la Policía Autonómica le bastó una imagen de 2005 para demostrar que en aquella parcela no había construido nada aquel año. "Se lo exigiremos a todos. Sabemos que perjudicamos a aquellos arquitectos técnicos que siempre han hecho bien su trabajo, que ahora tendrán más trabajo, pero estamos luchando por la transparencia".

Según reconoció Arcos, el colegio gaditano llegó a proponer en su día la inhabilitación total y definitiva para los profesionales condenados por estos casos, aunque el Consejo Andaluz rebajó la inhabilitación máxima a los dos años.

El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, alertó en su última memoria, la correspondiente en 2006, de esta práctica en la que estaban implicados arquitectos técnicos y peritos. Ahí constataba hasta ocho casos en los que estos profesionales emitían informes o certificados falsos en los que se daban cuenta, previa entrega de un pago, de la supuesta antigüedad superior a cuatro años de edificaciones levantadas al margen de la legalidad. Este plazo de cuatro años es clave porque en el tiempo en que prescriben las infracciones urbanísticas graves.

El Ayuntamiento de Chiclana y la Fiscalía investigan ahora la inscripción reciente en el registro de viviendas de un centenar de casas en un escaso período de tiempo.