Condenado a 9 años y medio el ex director del aeropuerto de Bilbao

La Audiencia de Vizcaya ha condenado al ex director del aeropuerto de Bilbao, Segismundo López-Santacruz, a nueve años y medio de prisión por el cobro de comisiones de obras, contrataciones ilegales y la financiación de dos viviendas a cargo de AENA. A su mujer, Laura Hernández, le ha impuesto una pena de dos años. El fallo obliga a ambos a pagar más de 4 millones en multas, indemnizaciones y las costas del proceso judicial.

Cuatro días después de que el jurado popular considerara culpable de todos los cargos al que fue director del aeropuerto bilbaíno entre 1997 y 2001, Pablo Díez Noval, el magistrado que presidió la vista más larga hasta ahora en Euskadi -se prolongó tres semanas- ha dictado la sentencia que concreta las penas. El fallo, firmado el pasado martes, acepta prácticamente las peticiones de la fiscal, que solicitaba 10 años de cárcel para López-Santacruz por cinco delitos: falsificación y malversación de caudales públicos por simular el arrendamiento de una vivienda que estaba a nombre de su madre y cuyo alquiler pagado por AENA (el ente público que gestiona los aeropuertos) sirvió para que se comprase dos pisos en Getxo; y falsificación, fraude y cohecho en las contrataciones de las obras de ampliación del aeropuerto. En este caso, incumplió los sistemas de contratación, adjudicó el 80% de los trabajos a empresas de un mismo grupo constructor y cobró al menos 948.000 euros en comisiones.

El juez sólo reduce en seis meses la petición de condena de la fiscal al estimar que el delito por la financiación a cargo de AENA de las viviendas tiene un perjuicio limitado. Si López-Santacruz hubiera arrendado la vivienda que ocupaba a una persona ajena a su familia, el pago del alquiler por parte de AENA habría sido el mismo.

A los nueve años y medio de cárcel, la sentencia agrega una multa de 948.000 euros -la cantidad que se considera probada como procedente del cobro de comisiones de obras- , otra indemnización de 816.000 euros a AENA, de los que 60.000 debe satisfacerlos solidariamente con su esposa, el pago de otros 948.000 en concepto de "comiso" (que va a las arcas del Estado) para ambos y las cinco sextas partes de las costas procesales, incluyendo las de la acusación particular ejercida por AENA.

Multa para evitar la prisión

En el caso de Laura Hernández, su condena por el delito de receptación (aprovecharse de un dinero de procedencia ilícita) es de dos años, como pedía la fiscal, e incluye también una multa de 948.000 euros. Además, el juez le impone en caso de impago otros seis meses de cárcel, lo que supondría su ingreso en prisión (una condena de dos años sin antecedentes penales permite eludir el encarcelamiento) y el abono de una doceava parte de las costas procesales.

Así, el ex director y su esposa deberán hacer frente a más de 3,6 millones de euros por multa e indemnizaciones, a lo que se sumarían las costas del proceso, que casi deberán pagar en su totalidad y que, a falta del cálculo definitivo, pueden rondar los 400.000 euros. Los condenados tienen ahora dos semanas para la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.

En su resolución, la Sección Segunda de la Audiencia de Vizcaya da por probado que en 1997 el ex director del aeropuerto "concibió el plan de adquirir" una vivienda que en realidad sería financiada por AENA "en la creencia de que se trataba de rentas de alquiler". Para ello, "creó un documento con apariencia de contrato de arrendamiento" en el que figuraba como arrendadora su madre, cuyo nombre alteró para "dificultar el reconocimiento" de su identidad. Además, pasó a AENA los gastos de electricidad, teléfono y garaje, pese a que sabía que las normas vigentes lo impedían.

En cuanto a las contrataciones de obras, el fallo relata las múltiples actuaciones ilegales, como el pago de obras no ejecutadas, el fraccionamiento de expedientes para que no fueran tramitados desde Madrid o la autorización de forma generalizada del pago de sobreprecios a contratistas. "Intencionadamente benefició a terceros en las contrataciones o liquidaciones de expedientes de obras y servicios", afirma. El jurado popular fue felicitado por el magistrado por su "rigor", ya que sus miembros llegaron a realizar una consulta por Internet sobre una finca adquirida por López-Santacruz en Bormujos (Sevilla), donde reside, y que fue calificada de "terrenito" por Laura Hernández. Comprobaron que se ubicaba en la zona más lujosa y era un chalé con piscina.