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13.224 firmas respaldan una investigación "transparente" del accidente del metro

La asociación de víctimas pide ayuda al Síndic y denuncia la vulneración de sus derechos

Sara Velert

Un total de 13.224 firmas respaldan la exigencia de una "investigación transparente" y completa del accidente de metro que costó la vida a 43 personas al descarrilar un convoy el 3 de julio del año pasado en Valencia. Con este significativo respaldo, la asociación de víctimas entregó ayer en el registro de las Cortes una larga lista de quejas e interrogantes sobre el siniestro, la actuación de la Generalitat y de la justicia. Los afectados piden ayuda a la Síndic de Greuges para lograr "una respuesta clara y convincente" a sus dudas y a las "irregularidades" que rodean la investigación del siniestro.

A pocos días del primer aniversario de la mayor tragedia en la red de metro en España, los familiares de las víctimas reivindicaron ayer de nuevo su "derecho a conocer la verdad" sobre el accidente que segó la vida a 43 personas y dejó heridas a otras 47 al volcar el convoy en el que viajaban entre dos estaciones. No son los únicos, puesto que miles de personas han firmado el escrito dirigido a la Síndic de Greuges, Emilia Caballero, con una petición de ayuda a la institución para que se realice una investigación completa e independiente del siniestro. La Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio cargó en cajas las firmas recogidas en dos meses y las entregó ayer en las Cortes para su remisión a la sede de la Síndic en Alicante con una instancia en la que desarrolla sus quejas y denuncia la vulneración de los derechos de los afectados y de los ciudadanos. "Pedimos ayuda a su institución para que se pueda realizar una investigación transparente que no lleve a un mar de dudas y de injusticia como la que en este caso ha ocurrido, y que obligue a asumir responsabilidades, de todo tipo (políticas, sociales y penales)", concluye el escrito.

La frase resume el rechazo de las víctimas a los intentos de dar carpetazo a la investigación sin que nadie haya asumido la responsabilidad política por el siniestro y sin aclarar sus dudas, que no han dejado de crecer a lo largo de este año. Ni la breve comisión sobre el suceso en las Cortes, ni el Consell ni la justicia, con el vaivén de cierre y reapertura del sumario, han despejado hasta ahora las incógnitas planteadas por los afectados. Toda la culpa ha recaído en el maquinista que conducía el convoy y que también falleció en el siniestro al descarrilar en una curva al doble de la velocidad permitida. "Se han cargado la presunción de inocencia del conductor sin pruebas" y sin que se hayan verificado posibles problemas técnicos en el tren o la vía, criticó el presidente de la asociación, Enric Chulio. Para los afectados, se ha vulnerado el derecho de los usuarios a la seguridad "omitiendo medidas que impidieran el accidente" -las balizas de seguridad para frenar el metro en caso de exceso de velocidad se instalaron luego-. Además, se ha quebrantado "el derecho fundamental a la información" por parte de RTVV, que no cubre las concentraciones de la asociación ni entrevista a sus representantes y "por orden expresa de sus dirigentes", según una queja específica contra los medios controlados por la Generalitat. "Nos sentimos censurados", afirmó Chulio.

El escrito también recuerda la "curiosa" desaparición del libro de averías de la unidad de metro accidentada, y la falta de informes técnicos y testimonios de profesionales independientes y de los sindicatos en la investigación, entre otros aspectos, y critica que no se haya tenido en cuenta que el mismo tren ya había descarrilado antes. "Se ha determinado que con una baliza se habría evitado el accidente, pero no se ha responsabilizado nadie", insiste la denuncia, que censura también la actitud del Consell hacia las víctimas, a las que no ha recibido el presidente, Francisco Camps, así como el proceso de indemnización y la ausencia de cambios en el funcionamiento de FGV. El accidente es el resultado "de una mala gestión" de un servicio público consentida por los responsables políticos, incidió Chulio.

Ha pasado un año, y mientras los familiares preparan los actos del triste aniversario, en la línea 1, la más antigua de la red, "no ha cambiado nada", según Chulio, porque las balizas instaladas tras el siniestro y las nuevas unidades no garantizan a su juicio la seguridad. "La línea necesita una reestructuración completa" y una "inversión decidida", aseguró.

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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