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Tribuna:

Tribunales falsos y ciudadanía crítica

El señor de la fotografía, Juan Antonio Martínez Camino es el portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Ha reaparecido en los últimos días para proponer que la asignatura Educación para la ciudadanía sea boicoteada por parte de todos los españoles "de bien". Independientemente del siempre interesante debate sobre el bien y el mal que se podría mantener con el señor Martínez Camino, lo interesante reside en que la Conferencia Episcopal a la que representa, está en contra y pide el boicot de una asignatura que, impartiéndose ya en numerosas democracias avanzadas del entorno europeo, centra sus líneas formativas en el refuerzo de un modelo de ciudadanía democrática.

Por poner algunos ejemplos, en la asignatura se aprende a considerar igual en derechos a una persona independientemente del color de su piel, su origen, su sexo o su religión. Se trabaja la comprensión de las distintas orientaciones sexuales y de los nuevos modelos de familia que ya son una realidad legal en nuestro país, de sus derechos, de su igualdad ante la ley y de su plena normalidad ante la sociedad. Se enseña a afrontar un acercamiento a la sexualidad desde ópticas no estrictamente reproductivas, explicando la importancia y el buen uso de los métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados y enfermedades infecciosas.

Su pretendido boicot constituye un argumento más que recuerda la importancia de una educación crítica

¿Por qué la Conferencia Episcopal se considera permanentemente como el único tribunal válido para juzgar lo que es moral?

Por otro lado, se explica el entorno político en el que vivimos, las características del sistema en el que nos desarrollamos -Monarquía parlamentaria y democracia representativa en un Estado laico, miembro de la Unión Europea-, la importancia de nuestra Constitución, el significado de la práctica ciudadana, mezcla de derechos y deberes garantizados y orientados a tratar de alcanzar niveles óptimos de convivencia y desarrollo personal y colectivo en una sociedad determinada. Y todo ello, sobre un edificio de valores que está en la base misma de lo que somos -ciudadanos que vivimos en una sociedad democrática y desarrollada-, para ser capaces de entender todo lo que podemos ser -una sociedad más democrática y con niveles más depurados de convivencia en un país más desarrollado-.

En otras palabras, se trata de un relato ciudadano que orbita alrededor del pilar central en el que se sustenta la condición de ciudadanía en una sociedad democrática, la tolerancia. ¿Es todo esto ideología? Está en la base de la forma en la que el socialismo democrático interpreta la realidad y entiende una democracia pero, desde el mismo momento en que los valores que inspiran esta visión pasaron a formar parte de la definición de nuestra democracia -año 1978- dejaron de ser una perspectiva ideológica y se convirtieron, junto a algunos otros, en el centro de gravedad del espacio público que compartimos.

La pregunta es la misma de siempre con la Conferencia Episcopal Española: ¿por qué se autoconsidera permanentemente como el único tribunal válido en España para juzgar lo que es moral y lo que no lo es, los valores que aprueban y los valores que suspenden en ese permanente examen, orientado y plenamente ideológico, que nos plantean? Y, por otro lado, ¿tiene la Conferencia Episcopal legitimidad para hacerlo?

Abundante material nos permite dudarlo. En primer lugar, porque es probable que todavía no acepte que nuestro país, a través de su Constitución y de su propio sistema democrático, ha elegido, tal y como antes señalaba, otro tribunal para evaluarse, el de los valores que impregnan nuestra propia democracia, el de las leyes que la constituyen y la organizan y el de las normas que regulan el espacio y el tiempo que compartimos.

En segundo lugar, porque enseñar todo esto en las escuelas es un refuerzo democrático que obstaculiza los intentos de agresión que la democracia -en su sentido amplio- pueda recibir por parte de todos los que pretendan erigirse en tribunales paralelos del bien y del mal. En la historia de España, especialmente en época contemporánea, podemos encontrar mucho de esto. Por ejemplo, que la jerarquía católica no demostró comprender muy bien la importancia de la defensa de los valores democráticos durante la segunda parte del siglo pasado, y que en la actualidad parece que sigue sin comprenderlo. Es decir, que, con todo, ni está para hablar ni tiene legitimidad alguna para erigirse en tribunal que juzgue cuáles son los valores buenos y cuáles los malos en esto de la democracia, porque eso es competencia de los ciudadanos y no de ninguna iglesia.

Desde esa óptica, no resulta para nada sorprendente que la Conferencia Episcopal busque el boicot de una asignatura nacida para explicar y reforzar lo que somos; personas que, en democracia, hemos decidido constituirnos libremente en ciudadanos, libres de pensar como queramos, informados y críticos, que reivindicamos los valores que inspiran nuestra libertad y que entendemos la realidad desde perspectivas incluyentes. Que nos sentimos protegidos por los valores de nuestra democracia y nos sabemos juzgados por los códigos legales que la organizan.

En resumen, que no aceptamos su examen y que no reconocemos su tribunal, porque ni tiene legitimidad de origen ni la tiene de ejercicio. Porque el tiempo en el que podía juzgarnos ya pasó, porque en democracia ya no puede y porque su solo intento de erigirse en tribunal, su pretendido boicot, tan solo es un argumento más que recuerda la importancia de una educación crítica al servicio de una ciudadanía democrática.

Eduardo Madina es diputado del Partido Socialista de Euskadi por Vizcaya.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de junio de 2007