Educación pretende que ningún colegio supere el 30% de alumnos inmigrantes

La integración de los alumnos inmigrantes y su reparto equitativo entre la red pública y la privada concertada se ha convertido en un debate recurrente en el Parlamento y entre la comunidad educativa. Se trata de uno de los grandes retos a los que debe hacer frente el Departamento de Educación, presionado desde diferentes instancias para que imponga la cuota mínima que debe acoger cada centro. Frente a la reclamación de un suelo, la consejería apuesta por establecer un techo: que ningún colegio supere un máximo del 30% de alumnos extranjeros, salvo excepciones.

"A veces es inevitable hacer salvedades a las normas. Y en este caso de la inmigración es así", argumentó ayer el consejero Tontxu Campos durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Parlamento para exponer la política del departamento en esta materia. Los casos excepcionales a los que se refería se dan en dos colegios vitorianos, Ramón Bajo y Santa María, donde más del 90% de su alumnado de Infantil y Primaria procede del extranjero. ¿Por qué? "Pues porque los inmigrantes en Vitoria se concentran mayoritariamente en el Casco Viejo de la ciudad y esos dos colegios son los centros de referencia para esa zona", explicó el consejero en los pasillos del Parlamento. "Si dos familias de inmigrantes conviven en el mismo edificio", añadió, "¿mandamos a los hijos de una a un colegio y a los de la otra familia a otro centro fuera de esa zona? Las soluciones resultan complicadas y aún no sabemos cómo articularlas".

Lo que sí tiene claro el departamento es el principio básico de actuación, que es el de que ningún colegio supere el 30% de inmigrante en el total de su alumnado, mientras sea posible. Según Campos, los estudios sociológicos y de los especialistas en educación reflejan que a partir de ese porcentaje hay un riesgo de que se produzca "una ruptura social"; dicho de otra manera, que la población autóctona considere a ese centro como una especie de gueto que hay que evitar.

La propuesta del consejero fue bien recibida por los socialistas, el grupo que más ha batallado por la implantación de las cuotas en los colegios públicos y concertados para distribuir equitativamente a los inmigrantes. La parlamentaria y portavoz del PSE para temas educativos, Isabel Celaá, indicó que entre el 30% apuntado por el departamento y el 20% que los socialistas reclaman hay "un terreno de acuerdo". "Es necesario que se establezca un reparto proporcional de los inmigrantes entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, y para eso es necesario tomar medidas".

Investigar los rechazos

Campos argumentó que él y los técnicos de su departamento se han reunido en varias ocasiones con las patronales de la red privada concertada (Confederación de Ikastolas y Kristau Eskola, entre otras) para hacerles ver la necesidad de que acojan más alumnos inmigrantes. El consejero también ha ordenado al Servicio de Inspección que investigue hasta el final y con el máximo celo cualquier denuncia de alumnos rechazados por centros concertados. "La disposición que he encontrado al reparto equilibrado entre redes ha sido buena", apuntó.

Así, recordó que Euskadi es la comunidad autónoma donde la red concertada más alumnos extranjeros escolariza. Y ofreció varias pinceladas para confirmarlo: en el curso 2005-06, la red privada concertada escolarizaba en Euskadi al 33,47% de los alumnos extranjeros frente al 24,45% de Madrid, el 14,74% de Andalucía o el 9,13% de Extremadura.

En la actualidad, 56 colegios públicos y privados de los 860 que integran las redes pública y privada vascas tienen un 20% o más de alumnos extranjeros entre el conjunto de sus estudiantes.

El debate sobre cómo deben hacerse los repartos y si la fijación de cuotas es la mejor fórmula ha salpicado a diferentes instituciones y estamentos, al margen del Departamento de Educación. El Ararteko, por ejemplo, ha reclamado en su último informe de actividad de 2006 que se apliquen cuotas para repartir de forma equilibrada entre los centros de las dos redes a los alumnos inmigrantes, los que tienen necesidades educativas especiales ligadas a una discapacidad y a los gitanos .

Frente a esa petición, el director de Inmigración del Gobierno vasco, se posicionó hace pocas semanas, en una entrevista en este periódico, en contra de los contingentes. En su opinión, ese tipo de repartos forma parte de un "discurso racista". "Que un colegio se convierta en un gueto no viene determinado porque supere una cuota de inmigrantes". Estas dos posturas se expresaron después de que el pleno del Parlamento se opusiera el pasado 15 de marzo a la fijación de cupos, con el argumento de que va en contra del derecho de elección de centro por parte de los padres. El tripartito y el PP rechazaron al alimón la propuesta del PSE de poner cuotas. El portavoz de los populares, Iñaki Oyarzabal, apostó porque la Administración refuerce con profesores a los centros con más inmigrantes.