Un asilo de Alcobendas mantiene a los ancianos atados y drogados

Ancianos drogados con tranquilizantes que caen fulminados sobre el tazón de la cena. Otros, atados con sábanas a sillas de plástico o a la de ruedas. Rodeados de restos de heces y de vómitos. Un vídeo grabado con cámara oculta por Telecinco ha sacado a la luz las supuestas vejaciones a las que son sometidos los ancianos de la residencia privada Juan XXIII de Alcobendas. Una de las dueñas fue condenada en 1995 por la muerte de una mujer en otra residencia. El centro sigue abierto.

El reportaje fue emitido lunes, martes y miércoles en El programa de Ana Rosa. Las imágenes muestran la tercera planta del centro, donde una veintena de ancianos se sientan, retorcidos, en sillas de plástico. Algunos están atados con sábanas. Incluso si necesitan silla de ruedas. No hablan entre ellos y tienen la mirada perdida. Otros están drogados con orfidal (un tranquilizante) y caen fulminados sobre el tazón de la cena. En otra toma, se ve a tres ancianos en una cama. A su lado, vómitos. Algunos se quejan de que nadie les cambia el pañal. Se oyen gritos y lloros. La única trabajadora no les consuela. La sala tiene ventanas con rejas y las persianas bajadas.

Al cargo de esa planta hay una mujer con bata blanca y cofia, que reconoce ante la cámara que carece de titulación para trabajar con ancianos. "No tengo ningún comprobante que diga que trabajo aquí y que me pagan", afirma. Ella se ríe de los impedidos: "¡Ja, ja, mira cómo cae¡", comenta al ver a los residentes bajo el efecto de las drogas. La empleada afirma en la grabación que en esa sala sólo hay personas con Alzheimer y otros a los que "a veces, se les va un poco la cabeza".

La residencia abrió en 1992 y desde entonces la consejería de Servicios Sociales le ha impuesto tres sanciones económicas por distintas infracciones. Pero nunca la ha cerrado. Además, sus dueños tienen antecedentes. El centro está gestionado por la empresa 32 de Mayo S. L. Los dos administradores son dos hermanos, Sergio y Bruno Cuevas Corradi; y la apoderada es su madre, María Antonietta Corradi Rodriguez. Esta mujer fue condenada en 1995 por la Audiencia Provincial a indemnizar a la familia de una anciana que murió en otra residencia que ella dirigía, en Ciempozuelos. Entonces, el juez instructor comprobó en una inspección que el centro carecía de personal cualificado y que muchos ancianos se encontraban en unas condiciones infrahumanas, atados a sillas y camas.

Telecinco denunció los hechos a la Consejería de Servicios Sociales el lunes pasado, según explicó la periodista Ana Rosa Quintana, la directora del programa que ha emitido el reportaje. El mismo día de la denuncia, y el primero de emisión, la consejería envió a sus inspectores a la residencia. Ahora ha abierto al centro un expediente sancionador. "Hemos iniciado una investigación con lo que han visto nuestros inspectores y con la documentación que nos han enviado desde Telecinco", explicó ayer una portavoz de la consejería. Ésta no adelantó si el centro será finalmente clausurado.

La residencia está en el número 12 de la calle Barcelona, en Alcobendas. Tiene 65 plazas oficiales. El precio que deben pagar los residentes ronda los 1.200 euros al mes. Es un edificio de tres plantas, de ladrillo rojo y ayer la puerta principal estaba cerrada con llave. A través del cristal, se podía ver cruzar a varios jubilados por la recepción, decorada con imágenes de santos. "Nuestros abogados nos han dicho que no hablemos. Es verdad que el lunes vinieron los inspectores", afirmó un trabajador.