Una ley para la inserción laboral

.Unas 100.857 personas, según datos del ministerio de Trabajo se benefician en España de las rentas mínimas de inserción, un conjunto de ayudas -prestaciones económicas y acciones de apoyo- a su inclusión en el mercado laboral. Este colectivo, formado por personas que han caído en la marginación extrema, será el principal destinatario de la nueva ley que reglará las llamadas empresas de inserción. Una de las prioridades anunciadas por el Ejecutivo para lo que queda de legislatura.

Según Trabajo, con la regulación de estas empresas aumentará el número de personas excluidas que serán atendidas "en procesos de inserción sociolaboral". Hoy no hay una definición legal de estas empresas, pero se calcula que en España hay entre 147 y 165 firmas encajables en esta tipología. Dan trabajo a unas 3.800 personas, de las que el 62% están contratadas en régimen de inserción. Facturan unos 41,4 millones anuales y se dedican principalmente a tareas de recuperación y reciclaje, servicios personales y sociales, construcción, artes gráficas, jardinería, explotaciones forestales...

Unas 100.000 personas se benefician de las rentas mínimas de inserción, un conjunto de ayudas para facilitar su incorporación al mercado

Según su anteproyecto el objetivo de la ley será regular el régimen de las empresas de inserción, fijando los requisitos que tienen que cumplir y las actuaciones que deben desarrollar. Hasta ahora la dispersa regulación proviene de las normas dictadas por once comunidades autónomas más la disposición adicional de una ley estatal de 2001, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Entre los requisitos previstos en la ley, se indica que estas empresas deberán estar promovidas y participadas por entidades promotoras (dedicadas a promover colectivos desfavorecidos) en al menos un 51% del capital social. Además, tendrán que "mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto", y "aplicar, al menos, el 80% de los resultados a la mejora de sus estructuras productivas y de inserción".