El informe final de la Guardia Civil desmiente las tesis de la Xunta sobre la oleada de fuegos

Ni intencionalidad política ni tramas organizadas ni intereses urbanísticos ni economía del fuego. La investigación final de la Guardia Civil sobre los incendios de agosto desmonta la versión del Gobierno gallego sobre el origen de los fuegos y desbarata además las conclusiones de la comisión parlamentaria que estudió la catástrofe del pasado verano. El informe señala a las "condiciones climatológicas extremas" que se dieron entre el 4 y el 12 de agosto en el origen de la oleada de fuegos y concluye que no se deben banalizar los perfiles de incendiarios "negligentes, asociales y alcohólicos"

En un exhaustivo informe firmado por los responsables del Servicio de Información, del Seprona y de la Policía Judicial, la Guardia Civil concluye de forma taxativa que lo único que cambió el pasado verano en los montes gallegos fueron las condiciones climatológicas extremas que se repitieron entre el 4 y el 12 del pasado agosto y que "agravaron la virulencia y peligrosidad de los incendios". El fatídico Factor 30 que se instaló durante ocho días en la comunidad: vientos del nordeste que soplaban a más de 30 kilómetros hora, con temperaturas superiores a 30 grados y una humedad relativa por debajo del 30%. El instituto armado certifica que esos parámetros meteorológicos contribuyeron a "generar una sensación de intencionalidad en el origen de los fuegos mayor que la que se producía", y advierte de que muchos de los incendios se originaron por reproducciones de focos anteriores.

A lo largo de 154 páginas el instituto armado responde a las cinco cuestiones planteadas por el Fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Carlos Varela, sobre la "posible existencia de una nueva tipología de incendios intencionados para crear alarma social o dar sensación de inseguridad". El Ministerio Público solicitaba además investigar la posible relación de la economía del fuego en la catástrofe y que se analizasen los artefactos incendiarios hallados en el monte. Según los datos recogidos por la Guardia Civil durante la época crítica -entre el 4 y el 15 de agosto- se registraron en Galicia 1.911 fuegos, menos que en otros períodos punta de la última década. Y sin embargo, durante esa semana y media de agosto se duplicó el terreno quemado (94.942 hectáreas) y por primera vez ardió una mayor superficie de arbolado que de monte raso.

Las pesquisas de los investigadores concluyen que el porcentaje de incendios provocados en agosto (77%) es nueve puntos porcentuales inferior a la media de la última década (86,13%) y que las llamas se desataron más o menos donde todos los años con la única excepción de la provincia de Ourense. Cita los bosques de la península del Morrazo, del Barbanza, el Salnés y los alrededores de Pontevedra, que han sido pasto de las llamas otros veranos y que aparecen señalados en el mapa de la Consellería de Medio Rural como zonas con especial riesgo de incendio.

Después de analizar la posible incidencia de la economía del fuego en la catástrofe, la Guardia Civil tacha de "especulaciones y rumores" algunas de las motivaciones esgrimidas por responsables políticos para justificar la situación de colapso que vivió Galicia. La investigación destaca que durante los últimos diez años la modificación del uso del suelo sólo ha supuesto el 0,31% de los incendios intencionados en Galicia. El endurecimiento de las leyes para impedir recalificaciones de terrenos quemados descartaría los interes inmobiliarios. A la industria maderera la señala como una de las más perjudicadas por la crisis. Constata la imputación de dos empleados de una empresa acusados de originar un fuego en Vilaboa (Moaña) cuando cortaban troncos de eucalipto en el monte para convertirlos en vigas de bateas. Fue la única relación encontrada entre las empresas madereras y los incendios.

Tampoco hay siquiera indicios que apunten a alguna compañía con intereses económicos derivados de la extinción. El lanzamiento de artefactos desde aviones o helicópteros ha sido completamente descartado.

El informe también minimiza la posible implicación del personal de las cuadrillas o de ex brigadistas que el año pasado no fueron seleccionados para trabajar en el bosque. La declaración de los únicos tres detenidos relacionados con este colectivo ha llevado a los agentes a concluir que se trata de "perfiles asociales con problemas psicológicos y de adicción al alcohol" y que esas características pesaron más que su adscripción a una cuadrilla municipal.

El instituto armado advierte de que "no se pueden banalizar perfiles tales como negligentes, alcohólicos, perturbados o desestructurados que aparentemente son menos preocupantes y de los que se tiene una impresión menos peligrosa pero que tienen una incidencia determinante en el período critico de 2006". La mayoría de incendiarios detenidos responden precisamente a ese perfil. Los atestados policiales están repletos de declaraciones de testigos que señalan a personas con desequilibrios psicológicos o de adicción al alcohol- o con ambos problemas- en los lugares donde se originan las llamas.

En sus conclusiones el estudio de la Guardia Civil alerta sobre las "actitudes de controversia política en momentos álgidos de la crisis que generan el mínimo impulso requerido por individuos predispuestos a aprovechar situaciones de alarma o caos". Y advierte de que el "amplio consenso en este tipo de delitos de fuerte enraizamiento social es determinante para el éxito final, al facilitar la energía necesaria para afrontarlos".