ETA sólo cambia de frontera

Cien kilos de componentes para fabricar bombas y un manual en euskera con indicaciones sobre cómo hacerlo: es evidente que se trata de ETA. El vehículo aparentemente abandonado por sus ocupantes cerca de la frontera portuguesa, con placas de ese país, estaba probablemente destinado a transportar ese material para entregarlo a algún comando dispuesto a llevar la zozobra a localidades de la costa andaluza o a matar. Así lo ha hecho ETA durante muchos años, de acuerdo con una lógica consistente en sembrar el miedo a voleo y amargar las vacaciones a gente pacífica como forma de presión para que las autoridades cedan a sus exigencias.

Con posterioridad a la bomba de Barajas, la policía ya había detenido, en enero, cerca de la frontera de Port Bou, a un activista que se proponía organizar una red para realizar atentados en la costa levantina; y a ocho más, en marzo, en el País Vasco y Navarra, cuando trataban de reconstruir el llamado comando Donosti, y en cuyo poder se hallaron informaciones sobre personas a las que la banda consideraba asesinables. La de ayer es, por tanto, la tercera ocasión en que la policía, ayudada por la colaboración ciudadana y quizá la buena suerte, consigue frustrar los propósitos criminales de ETA en lo que va de año. Pero es evidente que la decisión de atentar está tomada, aunque no se sepa si la banda se propone lanzar una ofensiva contra personas señaladas o, como auguraba un informe policial de abril, realizar atentados con coche bomba, "de carácter alarmista", con o sin aviso previo, en una escalada que podría iniciarse en torno a las vacaciones de verano.

Sea cual sea el plan de los jefes etarras, pocas dudas hay sobre la forma de hacerle frente: la misma que llevó a varios ex dirigentes presos, encabezados por Francisco Mugica, Pakito,

a concluir, en agosto de 2004, que "nuestra estrategia político-militar ha sido superada por la represión del enemigo", lo que les llevaba a proponer el abandono de la lucha armada y el traspaso a la izquierda abertzale de la decisión sobre la estrategia a seguir; la misma respuesta policial y judicial que a comienzos de 2003 había llevado a sectores de esa izquierda a sostener (en un debate abierto en el periódico Gara) que lo que ETA aportaba a su causa era menos de lo que les quitaba al dar motivo para la actuación del Estado contra ellos.

Desde Imaz a Rajoy, todos los dirigentes políticos democráticos están de acuerdo con el Gobierno en que su primera obligación es ahora, en palabras del presidente del PNV, el "apoyo a los mecanismos policiales para hacer frente al terrorismo", y la "deslegitimación social del discurso" con que ETA trata de justificarlo. Las divergencias existentes sobre si el final de ETA requerirá o no una fase de diálogo en nada influyen en la convicción compartida de que la prioridad política del momento es crear las condiciones para que no sólo Pakito piense que ETA no sirve.